19 de December de 2011 00:04

Concurso cerrado para la Corte Constitucional

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El concurso para elegir a los nuevos jueces de la Corte Constitucional (CC) será el más hermético de los procesos impulsados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

A diferencia de los concursos en los que se eligió al Fiscal General, Defensor del Pueblo y a los vocales del Consejo Nacional Electoral, en los que existía la posibilidad de que los ciudadanos participen, en esta ocasión esa opción se bloqueó, y la única forma en la que podrán intervenir es como integrantes de una veeduría, sin poder de veto. El motivo: serán las funciones Ejecutiva, Legislativa y la de Transparencia y Control Social las que tendrán la exclusividad de proponer los nombres de los ciudadanos que podrán ingresar al concurso.

Además, serán los representantes de estas mismas funciones los que conformarán una “súper” Comisión que se encargará de seleccionar a los futuros nueve jueces de la CC, convirtiéndose así en juez y parte (ver infografía).

Esta futura conformación preocupa a juristas y consejeros que consideran que la labor de la Corte es clave, pues en la actual estructura jurídica del Estado viene a ser el más alto tribunal de Justicia del país, que tiene el monopolio de la interpretación de los preceptos constitucionales.

Por ello, una posible consolidación con jueces afines al Régimen significaría una falta de independencia, que afectaría la interpretación de la Constitución.

No obstante, este libreto que pone un candado a la participación ciudadana, no fue establecido por el Cpccs. Es la Constitución de Montecristi la que en el artículo 25 de del Régimen de Transición dispone las reglas del juego.

“Estamos atados de pies y manos”, dice el vocal del Consejo de Participación, Luis Pachala. Y señala que al ser un proceso “santificado por la Constitución” las bases del concurso no pueden ser modificadas, pese a que al estructurarse de la forma planteada se convierte en un concurso cerrado. “Puedo decir que el concurso va a ser legal, pero lo que no puedo garantizar es que quienes vayan a la Corte sean autónomos e independientes”.

Sin embargo, del Cpccs dependió la elaboración de dos reglamentos: el primero, para conformar la Comisión Calificadora; y el segundo, para la designación de los jueces de la Primera Corte Constitucional, que remplazará a la actual Corte Transitoria.

Así, los reglamentos que se establecieron le dan a esta “súper” Comisión Calificadora atribuciones especiales. Por ejemplo, de estos dependerá la resolución en última instancia de las impugnaciones realizadas a los candidatos.

También serán quienes elaboren un banco de 500 preguntas, que serán aplicadas a los aspirantes. En los anteriores concursos esta labor dependía exclusivamente de un grupo de catedráticos. Además, la posibilidad de que los consejeros vigilen el proceso está negada, lo que no ocurrió en anteriores concursos. “Es un concurso donde pocos escogen a pocos”, indica la vocal del Cpccs, Andrea Rivera, para quien la dinámica del proceso va en contra del discurso de inclusión.

También critica que el organismo haya empezado el proceso cuando a su criterio la Función de Transparencia y Control Social (tres superintendencias, Consejo de Participación, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Procuraduría) todavía no está consolidada. Esto debido a que la Contraloría está en proceso de transición y su titular definitivo será elegido en un concurso público programado para el siguiente año.

El jurista Santiago Guarderas sostiene que el objetivo es tener una Corte que responda a los intereses del Gobierno. Apunta que la actual y autoproclamada Corte Constitucional ha estado subordinada al Ejecutivo y esta le ha resultado favorable. Entre los fallos que recuerda consta la decisión de cambiar las reglas para las revocatorias del mandato, cuando el activista Carlos Vera impulsaba un proceso contra Rafael Correa.

Además, cita la aprobación de las preguntas para la consulta popular, pese a un informe contrario de la jueza Nina Pacari. “Esta conformación es política, para que un solo movimiento asuma el control y la desinstitucionalidad del país”, dijo Guarderas.

Pero para la asambleísta Rosana Alvarado (Alianza País) este novedoso mecanismo para elegir a los nueve jueces de la CC fue un proyecto aprobado por los ciudadanos en Montecristi. “Fue un planteamiento aprobado en las urnas, no fue inconsulto ni antojadizo”.

Añade que el mecanismo fue propuesto de esa manera, pues viene a ser la suma de las voluntades de las funciones del Estado.

Aunque para Guarderas, el riesgo es que estos tres poderes, que deberían ser independientes, estén subordinados al Régimen.

Los tiempos

Desde hoy hasta el 28  de diciembre,  los ciudadanos que deseen conformar la veeduría deberán  presentar sus carpetas ante el Consejo de Participación.   

En  enero  se conformará la Comisión Calificadora con seis representantes de las funciones del Estado. Según el calendario del Cpccs en  marzo estarán los nombres de los vocales  de la CC que estarán nueve años.

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