24 de July de 2011 00:04

Los comisionados que eligieron al Fiscal dijeron adiós, por ahora

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El mezzanine del edificio Amazonas 100 está vacío. Los 10 miembros de la Comisión que seleccionó a Galo Chiriboga como nuevo fiscal general, abandonaron las instalaciones que durante seis meses se convirtieron en sus oficinas.

El martes, con la posesión de la nueva autoridad en la Asamblea, la Comisión se disolvió y los integrantes retornaron a sus actividades normales.

Cinco de ellos regresaron a sus puestos en el Estado: Marianela Navas, Ángel Condolo, Juan José Morillo, Lorena Cáceres y Fernando Yavar, quien integra la Comisión Tripartita. Mientras los demás integrantes, representantes de la ciudadanía, retornaron a sus actividades particulares.

Pero esta no será la última vez que estén juntos. Se volverán a ver durante las audiencias por las dos denuncias de prevaricato que pesan en su contra. Estas fueron interpuestas por la jueza Elsa Moreno, quien acusó a los miembros de haberla perjudicado en la calificación de su carpeta, y otra del asambleísta Galo Lara (PSP).

Este concurso se ha convertido en una obra dramática que se desarrolló en tres escenarios: el proceso de selección de los comisionados, el polémico y cuestionado concurso de selección y el desenlace de los juicios, que está pendiente. Con este escenario ¿vale la pena ser comisionado?

Desde el punto de vista monetario es una buena opción. Una vez que son posesionados, los comisionados reciben un sueldo de USD 4 000 al mes. De este modo cada uno de los integrantes de la saliente Comisión recibió en promedio USD 24 000.

Esta suma de dinero es uno de los motivos por los cuales Mariana Prieto, ama de casa y licenciada en Educación, de 45 años, se animaría a participar.

Pero ella ha observado los problemas y cuestionamientos, que han tenido los comisionados salientes y en vista de eso prefiere mantenerse “alejada de los problemas”.

Pero, además del beneficio económico y de las respuestas legales, ante presuntas irregularidades, se suma la presión política y los intereses que existen por la importancia estratégica de los cargos en competencia.

Para Mae Montaño, ex asambleísta constituyente, existe un “proceso partidizado” que repercute en la inauguración de la “padrinocracia”. Montaño utiliza este término para sostener que dentro de los concursos, los candidatos afines al Gobierno son los que triunfan. A esto se suma -aduce Montaño- la falta de garantías de que el proceso fue netamente ciudadano. Esto porque la Comisión está conformada por cinco representantes del Gobierno y cinco de la ciudadanía.

Anunciata Valdez, de Participación Ciudadana, coincide con esta crítica y va más allá: sostiene que los cinco representantes del Gobierno podrían estar direccionados e influir en los cinco ciudadanos.

Pese a estos cuestionamientos, los comisionados consideran que fue una buena experiencia, aunque tampoco niegan que les dejó un amargo sabor de boca.

Ulbio Guadalupe, ex presidente de la Comisión, reconoce que “ha sido traumatizante para mi familia, que ha tenido que soportar algunos embates de algunos sectores que han desdibujado la realidad”. Otra voz que reconoce que hubo momentos duros es Soraya Bohórquez: “Lo negativo fue que mi familia estuvo preocupada y en algunos momentos existieron afectaciones emocionales”. Pero pese a este mal sabor de boca, dice que fue gran experiencia de aprendizaje y reconoce los lazos de amistad que se formaron durante este tiempo.

Ella junto con Lorena Cáceres y Janeth Bustos hicieron un grupo conocido como las “Chicas Superpoderosas”. Salían a comer juntas y compartían el tiempo, y en el futuro enfrentarán juntas los dos juicios por prevaricato.

Marianela Navas, representante de la Función Ejecutiva también está armando su defensa. Ella tendrá que enfrentar tres juicios de prevaricato: el de Moreno, Lara y el que interpuso el MPD, pero dice estar tranquila. “Uno se preocupa de las cosas que dicen cuando son ciertas”. Aunque no niega que le inquieta lo que puedan pensar sus alumnos, pues es profesora. Comenta que retomará sus actividades en el Ministerio del Interior y regresará a la docencia. Ella, al igual que los demás comisionados responderá legalmente a los ataques recibidos.

En este sentido, Juan José Morillo dice que tendrán un abogado común, por el tema de costos.

Por el momento, los nuevos integrantes de las comisiones ya se instalaron y entre ellos existe incertidumbre, saben que están en el ojo del huracán.

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