La desaparición o secuestro del comunicador francés Romeo Langlois coloca de nuevo, y en primer plano, los riesgos que corren los periodistas en Colombia. En especial en las regiones con fuerte presencia de las guerrillas, de las bandas criminales o neoparamilitares.
El corresponsal de la cadena France 24 y colaborador del diario Le Figaro desapareció, el pasado 28 de abril, en el sitio La Libertad (Caquetá). En ese departamento de la región suroriental operan ocho de las más fuertes estructuras de las FARC, que dispone de 1 500 hombres y de una red de 1 000 milicianos e informantes, según los datos que manejan las autoridades colombianas.
En la región no actúan ni el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia, ni las organizaciones criminales. Allí domina el Frente Sur del grupo subversivo dirigido por alias ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’.
De las dificultades que afrontan los comunicadores resume bien el editorial que el diario bogotano El Espectador publicó el miércoles último, a propósito del caso de Langlois. “Este hecho demuestra, una vez más, lo difícil que es para los periodistas —nacionales o no— cubrir un conflicto armado como el que vive Colombia”.
Pero la intimidación y los obstáculos no solo tienen como blanco a quienes realizan el cubrimiento de la conflagración interna que vive este país hace más de cuatro décadas. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitió este jueves un informe en el cual reseñó que los escuadrones paramilitares, los herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), siguen en la lista de los “depredadores” de la libertad de prensa.
Adicionalmente, RSF advirtió que entre los grupos paramilitares más poderosos se encuentran las Águilas Negras, que continúan “sembrando el terror y empujando a los periodistas a la autocensura o al exilio, cuando no recurren al asesinato”. Este grupo, por ejemplo, ha lanzado amenazas contra la Federación Colombiana de Periodistas. El presidente del gremio, Eduardo Márquez, fue declarado “objetivo militar”.
El reporte se difundió pocos días después de que la organización con sede en París colocara el dedo en la llaga del drama que soportan tres periodistas: Dionisia Morales, locutora de la radio comunitaria Briceño (Antioquia), su esposo Edilberto Agudelo, también periodista, y Jesús Antonio Pareja, locutor de La Voz de la Tierra (Tolima). Ellos debieron exiliarse en otras regiones del país tras recibir amenazas de muerte.
Reveladoras son las estadísticas de la Fundación Para la Libertad de la Prensa (Flip). La institución cifró en 131 los episodios de violencia contra periodistas y medios colombianos en el 2011, frente a los 125 del 2019.
El más impactante de todos fue el asesinato de Luis Eduardo Gómez, colaborador del periódico El Heraldo de Urabá (Antioquia) la noche del 30 de junio del año pasado. El comunicador fue acribillado a balazos. En lo que va de este año, se suman 37 y la mayoría se refiere a intimidaciones.
El Flip también reveló la impunidad por juzgar estos casos. De los 139 periodistas asesinados desde 1977, han prescrito 57. En Colombia “se percibe un ambiente de censura instaurada”.