El 23 de febrero quedó lejos. Poco se habla de los comicios seccionales de ese día. Pero al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) siguen llegando impugnaciones y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) recursos de apelación.
El complejo proceso que vivió el país, y que tuvo sus continuaciones el 23 y 30 de marzo en 13 parroquias de ocho provincias en donde debió ser suspendido, hace que la entrega de resultados definitivos demore.
No hay una fecha establecida para ello, según el CNE. La experiencia de no haber podido entregar los datos en el plazo de 10 días después, según contempla el Código de la Democracia, los detendría. Sin embargo, si ya no ingresa ninguna impugnación al CNE o recursos o acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, la consejera Roxana Silva cree que en la última quincena de abril se podrá conocer de forma oficial a los ganadores.
Hasta el CNE llegaron 118 recursos de impugnación, de los cuales 83 ya han sido resueltas. Si bien es una cifra mayor al que esperaban, para Silva es un número relativamente pequeño. La razón: hubo 20 000 candidaturas para las 5 651 dignidades.
Los tiempos apremian. En la tarde y noche del lunes el Pleno del CNE aceptó total o parcialmente cinco impugnaciones. Una de ellas es la presentada por la candidata a concejala rural de Quito, por Alianza País, Ruth Herrera. Pero en 18 casos, las rechazó.
Al interior del TCE dan cuenta de unos 28 recursos extraordinarios de nulidad y 39 ordinarios de apelación, que en su mayoría se refieren al resultado electoral de febrero. Deben ser resueltos en 48 horas, en el primer caso, y en cinco días, en el segundo.
Polémica en Guayas
Al CNE le tomó por sorpresa que un día antes que se efectuara la repetición de las elecciones seccionales, el TCE comunicara el impedimento de que en Lomas de Sargentillo vuelvan a elegir a su alcalde, el 23 de marzo.
Segundo Navarrete perteneciente a Alianza País y alcalde a la reelección junto con María de los Ángeles Duarte, procuradora de las listas 35-61, apelaron ante el Contencioso. Ellos presentaron actas de resumen del resultado y de conteo rápido en las que según sus criterios a Navarrete lo proclamaban como ganador.
El TCE, con tres votos a favor y dos en contra, aceptó esta causa y se revocó la resolución del CNE que convocaba a elecciones a ese cantón. Además, ordenó que se ingresaran los resultados consignados de las actas de las que disponga. La Junta Electoral del Guayas dio por escrutado el 100% de las 43 actas para esa dignidad.
El fallo del Tribunal “considera que dichas actas de conteo rápido del CNE son documentos públicos emanados del respectivo organismo electoral que contiene la expresión de la voluntad del pueblo”. Eso lo sostienen Patricio Baca, Guillermo González y Miguel Pérez, jueces del TCE.
Sin embargo, para Catalina Castro y Patricia Zambrano, la petición no podía ser aceptada. Para las juezas, “el mecanismo de conteo rápido no está previsto en la ley; tampoco es una expresión completa de la voluntad del pueblo por basarse en una muestra representativa de la votación; y no es un mecanismo totalmente confiable. (…) Las actas de conteo rápido solamente tienen una aptitud jurídica de despertar una mera expectativa de triunfo para cualquier opción electoral”.
Según un informe elaborado por la Coordinación Nacional Técnico de Procesos Electorales, mencionado en la sentencia del TCE, detalla que para la elección de prefecto no hay 37 actas; para alcalde faltan 36; y para concejales rurales, 43. “Con esos antecedentes se recomienda repetir la elección para la dignidad de Alcalde del cantón”, se menciona en el documento.
Los temas pendientes
No solamente problemas tuvieron las elecciones, sino sus aciertos, sobre todo en aquellos que se denominaron “proyectos emblemáticos”, como el voto en casa para algunas personas que sufren severos casos de discapacidad y el voto electrónico que se aplicaron en Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas fueron elogiados por los distintos observadores internacionales que estuvieron en el país en aquellos días.
Sin embargo, las fallas técnicas de la empresa Scytl, que se ocupó del procesamiento de datos, la precampaña electoral y la intervención del Presidente del República en el enlace del sábado 22 de febrero, siguen siendo puntos débiles y que por el momento aún no tienen resolución.
Aún están en estudio los resultados del monitoreo que la comisión de Fiscalización y Control del Gasto Electoral ha hecho y la consejera Silva sostuvo que espera que lleguen al Pleno del organismo, aunque no hay fecha para ello. Algo parecido ocurre con la cadena presidencial en la víspera de la jornada electoral: “el CNE realiza el monitoreo”.
Para el analista Jorge León, es una muestra más de que el CNE “ha cerrado los ojos desde hace largo tiempo”. La ley, según él, es clara, aunque se escude en aquello que se llama “informar a la nación”, porque en período electoral, los funcionarios solo pueden hacerlo en cargos de urgencia o emergencia.
“Si el CNE actuaba con apego a la Ley, no pudo haberse realizado la sabatina. No se lo podía hacer antes, menos aún durante la veda electoral”.
En contexto
El 23 de febrero se realizaron elecciones seccionales en todo el país. Las autoridades electas, que gobernarán por cinco años, deben posesionarse el 14 de mayo. El CNE tiene que oficializar los resultados luego de que terminen la etapa de impugnaciones y apelaciones.