Con el aval de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), el Gobierno y las organizaciones fijaron este viernes 14 como fecha formal para clausurar el proceso, en el que hubo diálogo en 10 mesas temáticas. Todas las mesas cerrarán con acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes y seguimiento.
Hasta el miércoles 12 de octubre de 2022, el Gobierno contabilizó 128 acuerdos alcanzados en varias mesas. Tres aún faltan por cerrar, entre ellas la de Focalización. Esta se reinstala este jueves 13 de octubre de 2022 luego de varios días que cerró su comisión técnica.
El proceso de diálogo es una experiencia de lo que debe hacerse para compaginar las exigencias del país con la agenda política del Gobierno, esto debería ser fortalecido y legitimar la imagen del Ejecutivo, evalúa el analista político Daniel Crespo.
La vía del diálogo instaurada es positiva para Francisco Montahnuano, analista político. Pero observa un lado negativo: los dirigentes indígenas que no descartan protagonizar nuevas movilizaciones.
Luis Mullo, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), dijo que no entiende por qué el Gobierno habla de tantos acuerdos “si solo se han planteado 10 puntos”.
Dijo que evaluarán en cada una si hay respuestas al 80% de puntos planteados y si es así lo considerarán como favorable. Luego de la clausura, las organizaciones harán una evaluación e informarán a sus bases. Aún no revelan la fecha de ese evento. El haber acudido a las mesas de diálogo no significa que renunciaron a la resistencia, reiteró Mullo.
A pesar de que vislumbra algunas posibilidades de reacción, Montahuano estima que el escenario más claro se conocerá cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ya realice su Asamblea. Sin embargo, sugiere que tanto el Gobierno como las organizaciones deben respetar el avance y finalización del diálogo.
Crespo cree que el Gobierno ha hecho un esfuerzo para ceder y que las organizaciones han alcanzado acuerdos sustantivos, aunque el de la focalización podría requerir más tiempo. El movimiento indígena podría agarrarse de eso para movilizarse, pero sería un disparo en el pie porque estaría en riesgo todo lo alcanzado, el Gobierno podría dar marcha atrás en todo, advierte.
Continuidad
Tras la clausura del proceso de 90 días, el diálogo puede avanzar en un sentido proactivo con la decisión de las partes para mantener el proceso vivo. Seguirían conciliando sobre los puntos que no hubo acuerdos. Habría un seguimiento para que en el futuro se pueda, por lo menos, trabajar en ellos porque en una negociación no todo se puede lograr, explica Crespo. Observa que hay una “enorme sensación” de la sociedad de que hay una visión impositiva del diálogo de parte del movimiento indígena.
Presupuesto
Las organizaciones solicitarán materializar los acuerdos en un determinado plazo, pero por la crisis económica local y mundial habría el riesgo de que el Estado no pueda responder, según Montahuano. En la mesa de Derechos Colectivos se acordó que el Gobierno destine USD 133 millones para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. En la mesa de Educación Superior piden USD 800 millones para garantizar cupos para jóvenes, además USD 57 millones para la Universidad Amawtay Wasi.
Revocatoria
Hay un antecedente. Un sector del brazo político de la Conaie, Pachakutik, apoyó la destitución de Lasso durante el paro nacional. El Legislativo determinó incumplimiento del plan de Desarrollo Nacional del Gobierno. Sectores dentro de las organizaciones que estarían a favor de una revocatoria del mandato, en la polarización política, podrían valerse de eso para presionar, indica Crespo. Esto es y seguirá latente hasta el fin del período de Lasso si no mejora su gestión, apunta Montahuano.
Movilizaciones
Es el escenario negativo. Las organizaciones no se sentirán cómodas con el proceso realizado, invocarán el derecho a la resistencia, todo se perdería. Implicaría que las posibilidades del diálogo están tan lesionadas que no se llega a ningún lado, deslegitimaría más al Gobierno y a la sociedad pondría en una situación dramática por la situación económica, señala Crespo. Las organizaciones quedarían deslegitimadas frente a la sociedad porque hubo diálogos por tres meses, dice Montahuano.
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