29 de August de 2012 00:03

Cinco jueces han revisado el caso de los veedores de ‘El Gran Hermano’

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Cinco días más. Ese tiempo deberán esperar los cuatro veedores que vigilaron la cancelación de los contratos de Fabricio Correa con el Estado ecuatoriano para saber si enfrentarán o no un juicio por supuesto perjurio y falso testimonio.

Esta vez, el juez que conocerá la causa será Magno Borja Naranjo. Él se convertirá en el quinto de la lista que tendrá que analizar la demanda que la Fiscalía formuló en contra de Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, a quien los acusa de haber cometido un delito de perjurio y falso testimonio.

Su delito fue haber presentado un informe en febrero del 2011, en el cual llegaron a tres conclusiones. Primero, que el presidente Rafael Correa sí conocía de los presuntos contratos que mantuvo el Estado con su hermano Fabricio. Segundo, que hubo ilegalidades y favoritismos en la adjudicación de estos. Y, tercero, que los montos de los contratos ascendieron a USD 657 millones, con un perjuicio de USD 140 millones.

La fiscal de los delitos de la Fe Pública, María Elena Bayas, determinó las responsabilidades.

En los últimos 90 días, los veedores ciudadanos se han presentado ante el Juzgado Quinto de lo Penal, que no siempre ha estado dirigido por el mismo magistrado. Este ha sido un proceso marcado por la inestabilidad de los jueces y fiscales al frente del caso.

El primero de ellos fue Raúl Martínez. Pero a menos de 24 horas de la audiencia lo reemplazó Fabián Yánez. Esto luego de que el presidente Rafael Correa cuestionara a Martínez por su desempeño como juez penal.

Yánez, a su vez, fue sucedido luego por dos jueces más. El quinto de la lista será Borja Naranjo quien deberá decidir sobre el futuro de los cuatro ex veedores.

A esto se suma que durante el proceso han sido cuatro los fiscales quienes han sustentado el supuesto delito de perjurio.

Chambers tiene una hipótesis para explicar el cambio repentino de funcionarios: “Se niegan a seguir instrucciones”.

Por esta inestabilidad en el proceso, los ciudadanos y su abogado Ramiro Román, desconfían tanto de la Fiscalía como del sistema judicial ecuatoriano.

“Este caso se ha politizado y se ha mal utilizado el derecho penal para sancionar algo que es un asunto de carácter administrativo”, dice Román. Él insiste en una falta de coherencia en la acusación de la Fiscalía cuando se pretende endilgar acciones legales frente a un trabajo profesional. “Han creado un estado de represión contra las personas”, dijo.

Chambers dice que están siendo asesorados por algunos abogados independientes quienes coinciden en que la acusación de la Fiscalía no tiene piso legal y responde a un interés político.

El panorama ha sido complicado para los cuatro veedores, quienes tienen prohibición para salir del país y deben presentarse cada quincena ante el juez. En el caso de Chambers, que vive en Guayaquil, debe gastar un promedio de USD 250 cada vez que se traslada a Quito (transporte, alojamiento, comida y día de no trabajar). En el caso de Portilla continúa desempleado pues no ha podido aceptar trabajos en el Oriente por que debe presentarse cada 15 días.

Este viernes los veedores tendrán una reunión Román para definir sus estrategias. Por el momento anunciaron que ellos no acudirán a la audiencia y en el caso de ser llamados a juicio presentarán el recursos de nulidad.


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