8 de October de 2012 00:03

La CIDH recibe más denuncias por desconfianza en el sistema judicial

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En los últimos meses, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido visto como la única opción para tratar algunos casos.

Sea por desconfianza en la Administración de Justicia nacional, por desconocimiento de cómo funciona el Sistema o por simple publicidad, cada vez existen más demandas de ecuatorianos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque la mayoría de ellas nunca llegarán a ser tramitadas, porque no cumplen con los requisitos de admisibilidad.

Hace un mes, el abogado Héctor Vanegas dijo que pediría a la CIDH que actuara en la detención arbitraria de unos hinchas del Barcelona acusados de supuestamente agredir a un policía.

En septiembre pasado, Nelly C. pidió a la CIDH que le otorgara medidas cautelares ante una demanda por presuntas injurias que se sigue en su contra.

En la carta enviada, la mujer pidió a la Comisión que se suspendiera este proceso judicial mientras no esté presente un comisionado o veedor de la Comisión.

Sin embargo, el caso recién salió de primera instancia; es decir que todavía no se han agotado todas las acciones judiciales posibles.

Según Mauricio Alarcón, asesor jurídico y director de proyectos de Fundamedios, este tipo de casos evidencia un desconocimiento sobre el Sistema Interamericano. Este es “subsidiario”, es decir solamente puede intervenir cuando dentro de cada país ya se han agotado todas las acciones posibles y solo queda la instancia internacional para que se reconozca la violación de un derecho.

Farith Simon, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito, considera que en muchas ocasiones se acude a la CIDH porque existe desconfianza en la justicia nacional.

Esta es la razón por la que Pastora Morán, madre del asambleísta Luis Almeida, en julio pasado, pidió medidas cautelares y demandó al Estado en la Comisión por el retiro de la concesión de las frecuencias de Radio Morena FM y AM, de su propiedad.

Según el Legislador, se llegó a esta instancia porque los jueces del país no han brindado seguridad jurídica y porque no creen en la Justicia. Esto porque “el Juez Tercero de la Niñez y Adolescencia acogió primero la acción de protección que planteamos, pero antes de los ocho días la revocó. Apelamos y está todavía en la Sala de la Corte de Guayaquil, en donde está el juez Juan Paredes, que sentenció a diario El Universo. No confío en la Justicia, pero igual presenté las acciones internas”, señaló Almeida.

Para Simon, el momento que vive el sistema judicial ha despertado un temor sobre la independencia de los jueces, que constituye un factor a tomar en cuenta.

“Hay un contexto de desprotección por falta de independencia, que hace que sea desfavorable para la protección. Eso debe ser examinado. Hay algunas decisiones del Consejo de la Judicatura y de instituciones públicas, que limitan la aplicación de ciertas garantías constitucionales. Y hay recursos judiciales que son tan largos, como los contenciosos administrativos, que permiten que haya un abuso”, explicó el jurista.

Esta nueva visión del Sistema Interamericano surgió a partir del caso El Universo. Aquí, los abogados del diario pidieron medidas cautelares para evitar que la sentencia dictada pudiera originar el cierre del medio, por la indemnización que debía pagar al presidente Rafael Correa y porque sus directivos debían cumplir tres años de prisión.

La CIDH actuó de inmediato en el caso y dispuso acciones preventivas para frenar cualquier ejecución de la sentencia.

Esta proactividad motivó a los ciudadanos a acudir a instancias internacionales, aunque no hayan cumplido con los requisitos exigidos en las normas de la Comisión para el trámite de causas.

Pero esto también derivó en un mal uso. La razón: algunos políticos han anunciado que acudirán ante la justicia internacional, como una medida de presión, para evitar alguna acción estatal.

Este es el caso de un grupo de organizaciones políticas que dijeron que irían ante la CIDH para que el CNE frenara el proceso de revisión de firmas. Nunca lo hicieron. Asimismo, la semana pasada, Bananera Noboa anunció que acudiría ante la Comisión para que se evite el cobro de una deuda fiscal que mantiene la empresa de Álvaro Noboa con el SRI.

El  trámite de  casos

En lo que va del 2012, la Comisión ha analizado apenas tres casos de ciudadanos ecuatorianos. Esto, por la cantidad de denuncias que recibe.

Para David Cordero,  integrante de los consultorios  jurídicos de la U. Católica, cuando se presentan demasiadas denuncias sin cumplir los requisitos, se evita que los casos reales puedan ser atendidos con prontitud.

Por ello, señala que  el Sistema Interamericano debe ser tomado con seriedad. Aunque cree que el peso de los fallos del Sistema también ha cobrado más importancia, porque ahora es un tema más cotidiano y conocido.

Cómo opera la Comisión

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH se compone de siete miembros.

Ellos  deben ser personas de “alta autoridad moral y reconocida competencia” en materia de derechos humanos.  Y son elegidos por  la Asamblea General de la OEA, de una lista de hasta tres candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.  

Los Miembros de la Comisión son elegidos por cuatro años y solo pueden ser reelectos una vez.

La Comisión actual está integrada por el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, quien preside el organismo; Tracy Robinson, de Jamaica, quien es primera vicepresidenta; Felipe González, de Chile, segundo vicepresidente; Dinah Shelton, de Estados Unidos (fue la anterior presidenta); el colombiano Rodrigo Escobar Gil,  Rosa María Ortiz, de Paraguay; y Rose-Marie Belle Antoine, de Trinidad y Tobago.

La mayoría de ellos terminará sus funciones en diciembre del 2015. Pero otro grupo, en el que están Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil y José de Jesús Orozco, concluirán su período en diciembre del 2013; aunque tienen la posibilidad de reelegirse.

La CIDH tiene además una Relatora Especial para la Libertad de Expresión. Este cargo lo ocupa Catalina Botero, que es una de las que más ha sido cuestionada por este Gobierno, por su defensa a la libertad de opinión y de prensa.

 







 

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