La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó ayer su “preocupación” por la condena en Ecuador a tres meses de prisión del director del Diario Hoy, Jaime Mantilla Anderson, por unos artículos escritos en su periódico en 2009 sobre un alto cargo del gobierno.
De acuerdo con la información recopilada por la oficina especializada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Mantilla fue condenado el 21 de diciembre por un juez de Pichincha por negarse el directivo del periódico a revelar los nombres de los periodistas que escribieron los artículos sobre el presunto poder del actual presidente del directorio del Banco Central de Ecuador, Pedro Delgado, en la toma de importantes decisiones económicas.
La Relatoría destacó que la decisión judicial “no estableció el pago por daños y perjuicios por no haber sido reclamados por el querellante” y que, además, tras conocerse la sentencia el propio Delgado “habría perdonado al periodista y habría desistido de continuar con el juicio”. “La existencia y aplicación de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resultan contrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”, subrayó la Relatoría.
Asimismo, recordó que la CIDH ha establecido que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera la protección de la libertad de expresión que garantiza el artículo 13 de la Convención Americana.
En este caso, “no hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada”, sentenció la Relatoría, que alertó de que su uso “puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público”.
No es la primera vez en lo que va de año que la CIDH llama la atención sobre acciones del gobierno de Rafael Correa contra medios de comunicación de su país.
El caso más sonado fue el de la condena a tres años de prisión contra directivos y un ex editorialista del diario El Universo y una indemnización global de 40 millones de dólares tras una querella de Correa contra el rotativo por “injurias calumniosas” del medio.
A finales de octubre, la CIDH dedicó una de sus audiencias públicas a tratar denuncias de periodistas afectados por sentencias iniciadas por miembros del gobierno de Correa, que acusaron al ejecutivo ecuatoriano de “abuso estatal” en materia de libertad de prensa. Éstas fueron replicadas por altos representantes del ejecutivo de Quito que afirmaron que tras estas denuncias hay intereses “velados” de las empresas.
Las críticas de la CIDH a las leyes y acciones que afectan a la libertad de prensa en Ecuador en los últimos meses han llevado a Correa a emitir duras críticas contra el organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante la cumbre creadora de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a comienzos de diciembre en Caracas, el mandatario ecuatoriano volvió a denunciar el poder “abusivo” de la prensa y sostuvo que desconfía de la CIDH por sus presuntos vínculos con Estados Unidos. “La sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington, pese a que Estados Unidos no reconoce el pacto de San José ni a Corte Interamericana”, dijo.