La CIDH emite medidas a favor de Jiménez, Villavicencio y Figueroa

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Redacción Política

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó ayer medidas cautelares a favor del asambleísta Cléver Jiménez y de los activistas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Los tres fueron declarados culpables por la Corte Constitucional por injuriar al presidente Rafael Correa.

La decisión de la CIDH se presentó la tarde de ayer en un documento de 16 páginas. Allí, los miembros de la Comisión argumentan que "la imposición de la condena penal privativa de la libertad en el presente asunto genera un grave riesgo de daño irreparable a la libertad de expresión".

Por ello, solicitan a Ecuador que se "suspenda inmediatamente los efectos de la decisión emitida por la Corte Nacional, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual". Además que informe en un plazo máximo de 15 días sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y que actualice dicha información en forma periódica.

La decisión de la CIDH se da después de que el viernes anterior, la jueza de la Corte Nacional, Lucy Blacio, emitiera las boletas de encarcelamiento en contra de los sentenciados.

Ayer la Policía informó que había dispuesto un operativo de Inteligencia para ubicar al asambleísta, de quien se desconoce su paradero. Según Pachakutik, Jiménez está "a buen recaudo" en las comunidades indígenas amazónicas.

El ministro del Interior, José Serrano, dijo que no quieren "ninguna provocación" con las comunidades que estarían resguardando a Jiménez en la Amazonía."Se está cumpliendo con el proceso, como con cualquier otra persona a la que se le emite una boleta de encarcelamiento. Se están haciendo las búsquedas", señaló.

Además, Serrano señaló que se emitieron las alertas internacionales a la Interpol, para la ubicación en otros países de cualquiera de los sentenciados, en especial para Villavicencio quien, según se conoció, se encuentra en Estados Unidos.

Pero si la decisión de la CIDH se acata, evitaría la detención de los sentenciados. Salim Zaidán, catedrático en Derechos Humanos, asegura que es el Ministerio de Justicia el encargado de ejecutar las medidas cautelares, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 1317, del 9 de septiembre del 2008.

Por lo que concluye que esa Cartera de Estado, al ser parte del Ejecutivo, la decisión de acatar o no las medidas cautelares dependería finalmente del presidente Correa. "El Ministerio debería, a su vez, notificar a la Corte Nacional de Justicia para que suspenda los efectos de la sentencia".

Sin embargo, estas medidas se dan en momento políticamente complejo. No solo porque Ecuador alega que estas atribuciones de la CIDH no están previstas ni en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni en el Estatuto.

Además, el martes pasado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos desacató un pedido similar para frenar la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Aun así, la defensa de los tres acusados mantiene la esperanza de que el Estado acoja la decisión de la CIDH. "El Gobierno tiene que aceptar las decisiones en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Pero estamos temerosos de que no lo hagan", asegura el abogado de los acusados, Julio César Sarango. Sus defendidos permanecerán refugiados hasta que haya un pronunciamiento oficial. Su paradero no se conoce.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad se refirió a la posición que tomarán frente a la orden de la CIDH.

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