24 de November de 2011 00:02

La CIDH analiza la respuesta enviada por el Canciller

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La CIDH analiza la respuesta emitida por el Gobierno ecuatoriano sobre las cadenas nacionales emitidas en contra de Fundamedios y de los tres periodistas que denunciaron ante el organismo, amenazas a la libre expresión.

Las reacciones en el país no se hicieron esperar. César Ricaurte, director de Fundamedios, cuestionó la comunicación enviada a la Comisión por el canciller Ricardo Patiño. “Hemos sido perseguidos por un poder estatal impresionante; sin embargo, ese poder dice que nosotros somos los perseguidores (…) Cabe recordar al Estado que nosotros no tenemos a nuestra disposición el monopolio de la fuerza, no tenemos ejército, policía, no tenemos 45 ministerios, no tenemos USD 120 millones para gastarnos en cadenas nacionales, somos ciudadanos a pie, en donde yo no puedo salir a un lugar público, porque corro el riesgo de que me agredan, simplemente por haber ido a la CIDH a llevar información”.

Patiño manifestó su rechazo a la intervención de la CIDH y criticó la labor de la Comisión, al acusarla de ser parcializada y asumir como ciertos los argumentos de Fundamedios.

Esta falta de objetividad, según el Ministro, se evidencia en un posible conflicto de intereses, pues la OEA, a la que pertenece la CIDH, aporta a Fundamedios. Patiño dijo que la Comisión no es imparcial.

Para el legislador Enrique Herrería (independiente), esta actuación del Canciller demuestra “falta de conocimiento” en materia de derecho internacional. Considera que al no apegarse a las normas del sistema interamericano se está violando la Constitución. “Son principios universales que tienen décadas de vigencia y eso no puede ser rechazado por simple capricho del Presidente. El momento en que Rafael Correa pretenda separarse se la Convención Interamericana de DD.HH y del Pacto de San José, el Ecuador se convertirá en un paria internacional”.

Frente a la respuesta del Gobierno, la CIDH puede tomar las medidas que considere necesarias. Una opción, dictar medidas cautelares a favor de los periodistas o simplemente desechar la indagación.

“El Gobierno sufre de una arrogancia enfermiza. No es un problema de política, es de embriaguez de poder y algún día deberán pagar las consecuencias”, presagió Herrería.

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