14 de April de 2012 00:01

La CIDH advierte que la ley es ambigua y discrecional

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe del 2011, cuestionó algunos temas del proyecto de Ley de Comunicación que está por ser votado en la Asamblea.

El informe de la organización forma parte del documento que presentó la CIDH sobre el trabajo realizado durante el año pasado y, además, sobre las denuncias que recibió sobre supuestas violaciones a la libre expresión en los países de la región.

El documento de la Relatoría, que tiene 438 páginas, recoge un capítulo especial para Ecuador. Allí se explican algunas de las preocupaciones que tiene el organismo internacional en esta materia. Uno de ellos es, precisamente, el proyecto de ley de medios que, según la resolución del miércoles pasado, será votado artículo por artículo.

Según la Relatoría, ese proyecto legal resulta “sancionatorio” para los medios de comunicación. Dicha condición está presente en el Consejo de Regulación que lo integrarán delegados de distintas funciones y organismos, incluido el Ejecutivo.

“La Relatoría ha llamado la atención sobre el hecho que el régimen administrativo sancionatorio único en el Proyecto abarque a todos los medios de comunicación, sin realizar diferenciaciones pertinentes. En particular, lo que resulta legítimo en el limitado ámbito de la radiodifusión, dado el uso de un bien público como las frecuencias de radio y televisión abierta, puede no resultar legítimo cuando se aplica a la televisión por suscripción, a la prensa escrita general, a los medios escritos especializados o a Internet”, señaló el documento.

Asimismo, el organismo cuestionó la poca claridad en algunos temas que pueden permitir la libre interpretación de los miembros del Consejo de Regulación, para definir incluso las sanciones a la prensa.

“La Relatoría Especial encontró que las causales de responsabilidad, previstas en el Proyecto, están redactadas con términos ambiguos”. El texto hace referencia a una serie de conductas del ejercicio periodístico que será revisada por el órgano encargado de las sanciones (el Consejo). Esto genera una “excesiva discrecionalidad que podría ser incompatible con la Convención Americana de DD.HH.”.

La Relatoría ha acompañado el avance de esta ley desde el inicio de su debate, en el 2009, con fuertes críticas a su contenido.

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