11 de April de 2011 00:00

Chevron enfrentó a Ecuador y EE.UU.

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El caso Chevron-Texaco, que empezó como un litigio socio-ambiental entre las comunidades amazónicas ecuatorianas y la petrolera estadounidense, hace 18 años, se transformó en un asunto de Estado para los dos países.

Este conflicto, que ha ocasionado tensión entre Ecuador y EE.UU., comenzó el 3 de noviembre de 1993 en la Corte de Nueva York. Hasta allá llegó un grupo de indígenas y colonos de la Amazonía para plantear una demanda contra la entonces Texaco.

A la petrolera le responsabilizan de daños ambientales, sociales, económicos y culturales en la región, causados durante sus operaciones entre 1964 y 1990. Los demandantes hablan de 30 000 afectados y un perito judicial recomendó una indemnización por USD 27 000 millones. Mas, el 14 de febrero, el juez de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, sentenció el pago de una indemnización por USD 9 500 millones.

Los afectados plantearon el juicio en forma particular. Sin embargo, la defensa de Chevron acusa al actual Gobierno ecuatoriano de ejercer injerencia desde sus diferentes estamentos.

A la vez que -dicen los demandantes- senadores republicanos y más políticos de EE.UU. también han presionado sobre el caso.

Una muestra de esa influencia gubernamental -según James Craig, vocero para Latinoamérica de Chevron- ocurrió cuando, en septiembre del 2009, el fiscal Washington Pesántez declaró que el 90% del monto de la indemnización lo administraría el Estado para remediación. Pero el juez Zambrano decidió que los recursos sean administrados a través de fideicomisos y no por el Gobierno ni sus ministerios.

La petrolera señala que otra evidencia de esa presión ocurrió en marzo del 2007. En esa ocasión, el presidente Rafael Correa recibió en Carondelet (Quito) a delegados de la Asociación de Afectados por Texaco y les ofreció su respaldo en el proceso judicial. Un mes después, el Mandatario visitó las zonas afectadas.

Por su parte, el Régimen ecuatoriano también ha protestado en la misma línea al considerar que un grupo de senadores de EE.UU. presionaba para que no se aprobaran las preferencias arancelarias para productos ecuatorianos.

La ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, dijo en su momento que se complicó la prolongación de las preferencias y que las negociaciones para ampliarlas se entorpecieron a partir del fallo de la Corte de Justicia de Sucumbíos contra Chevron.

Los encuentros más fuertes empezaron a partir del 2006. Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, dijo que cuando también se buscaban acuerdos sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y EE.UU. hubo presiones desde Chevron sobre los negociadores para que no se aprobaran los acuerdos. Incluso, en ese entonces, el ahora presidente de EE.UU., Barack Obama, remitió una carta pidiendo al Senado y al Gobierno que evitaran inmiscuirse en el proceso judicial del caso Chevron.

En tanto, James Craig aseguró que el Régimen ecuatoriano también ha tomado partido en este litigio. Citó como ejemplo las declaraciones del Primer Mandatario, en abril del 2007, al instar a la Fiscalía General a que permitiera juzgar penalmente a los funcionarios de Petroecuador que dieron el visto bueno a la remediación petrolera hecha por Texaco.

En este caso, el 30 de septiembre de 1998, en el gobierno de Jamil Mahuad, se firmó un acta de liberación de responsabilidades a favor de la petrolera. Se aceptó como válida la remediación hecha en las zonas afectadas, pero hoy es uno de los puntos más críticos entre los cuestionamientos planteados en el juicio.

Los ‘impasses’ también salpicaron al sistema de justicia de ambos países. En 1994 Chevron insistió en que el caso fuese trasladado hacia una corte ecuatoriana (se pasó de Nueva York a Sucumbíos), pero al poco tiempo la compañía señaló serios reparos contra la forma de llevar el proceso.

En el 2009, la transnacional petrolera subió a Internet unos videos sobre grabaciones de unos presuntos intentos de soborno, en los que incluso se involucró al anterior juez del caso, Juan Núñez, y a miembros del actual Gobierno.

Las rencillas se profundizaron aún más los últimos días, cuando el juez Lewis Kaplan, de una Corte Federal de Nueva York, suspendió la ejecución de la sentencia contra Chevron. Además, hizo una serie de observaciones al sistema de justicia de Ecuador, a tal punto que puso en duda la idoneidad de los jueces para decidir una sentencia en el caso Chevron. Se basó en las críticas hechas por el presidente Correa a los jueces.

El litigio también se debate en la corte internacional de La Haya. Desde el 23 de septiembre del 2009, Chevron planteó un arbitraje donde pide que Ecuador le indemnice por daños causados por la demanda de los afectados. Dice que ya cumplió con la remediación (limpieza de crudo derramado en sus operaciones).

Los miembros de la Asociación de Afectados insisten que todo es con la intención de deslegitimar el juicio por parte de Chevron.

CRONOLOGÍA DE UN LITIGIO AMBIENTAL EMBLEMÁTICO

1964

Texaco llegó  invitada a explorar y explotar crudo en la Amazonía ecuatoriana. Operó en unas  480 000 hectáreas, en cinco poblaciones.

De 1969  a 1990 

Texaco perforó 339 pozos, construyó 22 estaciones   y operó 15 campos petroleros. Se la acusa de dejar  627 piscinas con desechos.

1990

La petrolera  terminó sus operaciones en el Ecuador. Dos años más tarde se extinguió  el consorcio que armó con la entonces CEPE.

1993

Un grupo de indígenas y colonos amazónicos viajó a EE.UU. En la Corte de Nueva York plantearon  una demanda contra Texaco.

1995

Chevron firmó con Ecuador un contrato de remediación ambiental. Tres años después, se la liberó de responsabilidades.

2002

La Corte de Apelación de Nueva York envió el caso a Ecuador. En el 2003, los afectados abrieron el juicio en Nueva Loja.

2008

Richard Cabrera, perito judicial del caso, calcula que Chevron debería pagar una indemnización por USD 27 000 millones.

2011

El 14 de febrero, el juez de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, ordenó a Chevron pagar  USD 9 500 millones de  indemnización.

2011

Tres días después de la sentencia de Zambrano, los afectados presentan su apelación, aunque no fijan montos.

EE.UU. no define a encargado de negocios

La Embajada de Estados Unidos en Quito espera todavía el visto bueno del Departamento de Relaciones Exteriores de ese país para designar a la persona que asumirá el cargo de Encargado de Negocios.

Él reemplazará momentáneamente a la embajadora Heather Hodges, hasta que el Gobierno estadounidense designe al nuevo Embajador en Ecuador.

Esta decisión se tomará tras analizar el perfil de los candidatos y después de que la embajadora Hodges haya salido del país.

Ella fue declarada ‘persona non grata’ por el gobierno de Rafael Correa, luego de la difusión en el periódico español El País, de un cable diplomático en el que supuestamente ella denunciaba que el ex comandante de la Policía, Jaime Hurtado, había cometido posibles actos de corrupción. Y que presuntamente el presidente Correa estaba al tanto de ellos.

El canciller Ricardo Patiño le pidió a Hodges que abandonara el país lo más pronto posible. Todavía no se conoce una fecha exacta para su salida, pero se estima, según la Embajada, que será los primeros días de esta semana.

El nuevo Encargado de Negocios será el nexo que tendrán Quito y Washington para tratar los asuntos bilaterales. Algunos analistas han señalado que el mantener la misión diplomática solamente con encargados de Negocios limita los diálogos de alto nivel y reduce la posibilidad de alcanzar los objetivos trazados.

Pero Ecuador, a pesar de que reconoce estas dificultades, cree que será posible superar el ‘impasse’ lo más pronto posible.

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