En los tres años de transición, la Corte Constitucional -conformada por los magistrados del ex Tribunal Constitucional- ha recibido un total de 3 531 casos. De esos, 2 920 fueron admitidos, 230 rechazados y han quedado resueltos 381. Así, entre los casos admitidos aún se encuentran en trámite cuatro causas que son de relevancia política para el Régimen.
El primer el caso es el que se sigue contra el ex presidente Abdalá Bucaram. Además, están la amnistía para Alberto Dahik, el caso de Cervecería Nacional, y la inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 813, que creó la figura de las renuncias obligatorias, sustento principal para la avalancha de despidos a servidores públicos en los últimos días.
En este último caso se presentaron tres denuncias. Dos de ellas ingresaron a la Corte el 7 de julio del 2011 y fueron auspiciadas por Luis Sarrade Peláez y por la dirigencia del Movimiento Popular Democrático (MPD).
Mientras que el 5 de agosto de 2011 las federaciones de trabajadores públicos presentaron otra demanda de inconstitucionalidad que ya fue calificada a trámite y pasó a manos del juez Roberto Bhrunis. Pero no hay un plazo definido para entregar el informe al Pleno de la Corte.
En el caso del ex presidente Abdalá Bucaram, acusado de peculado, sus abogados presentaron un recurso extraordinario de protección en marzo del 2010. Pero para su tratamiento en el Pleno, hace falta un informe del magistrado Alfonso Luz.
El asambleísta del PRE, Dalo Bucaram, asegura que esperará hasta que finalice el 2011 para que el caso se trate por los nueve jueces del organismo. De lo contrario, “emprenderemos un juicio en contra de Patricio Pazmiño, porque se puede ver que en la Corte tienen miedo de pronunciarse sobre el caso”.
Por otro lado, Alberto Dahik interpuso la acción de nulidad por el juicio de peculado que se siguió en su contra y en el cual Contraloría no encontró ninguna anormalidad en las cuentas del ex vicepresidente (1992-1995). No obstante, esa acción se sigue analizando a la par de un pedido de amnistía ofrecido por el presidente Rafael Correa.
El informe del magistrado Édgar Zárate ya está listo para conocimiento del Pleno, desde abril del 2011. Pero como este caso ingresó después del caso Bucaram, para el presidente del Organismo, Patricio Pazmiño, “se debe respetar el orden de ingreso y por esta razón está demorado”.
Pero la mayor crítica durante los tres años de esta Corte se dio en febrero del año en curso, cuando el Pleno declaró insubsistente el fallo a favor de la Cervecería Nacional, que había dictado la Corte Provincial del Guayas.
En esa sentencia, se liberaba a la empresa cervecera del pago de USD 91 millones a los ex trabajadores. Con esta decisión saltó la polémica de una supuesta ‘venta de fallos’ con un presunto pago de USD 1 millón a Pazmiño, por medio del ex secretario Arturo Larrea. Este caso regresó a la Corte Provincial donde se ordenó el pago del dinero a los ex colaboradores, más una indemnización por el no pago. Pero la Cervecería se acogió al derecho a la resistencia.
A pesar de eso, el representante de los ex trabajadores, Arturo Cervantes, asegura que insistirán para que se ejecute la orden de pago. “A nombre personal demandaré a la Cervecería, por daño moral como nos permite la Ley, debido al retraso que ha existido en esta orden de pago”, señaló. Y advirtió que el 15 de noviembre próximo se movilizarán, si no se ejecuta la sentencia.
En una entrevista en Ecuavisa, Pazmiño justificó el retraso de los casos por “dificultades de orden logístico y personal”, pues solamente existen cuatro jueces alternos que no resultan suficientes para sustituir a los principales cuando un juez está con licencia.
Casos polémicos resueltos
En enero del 2011, la Corte Constitucional (CC) se pronunció sobre el pedido de aclaración del presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, sobre las reglas de las revocatorias del mandato. El Pleno de este organismo resolvió que se deben establecer nuevos parámetros para los procesos electorales.
En marzo, la CC ratificó la amnistía del activista ecológico Floresmilo Villalta. Él fue sentenciado en el 2006 por violar a una niña pero se acogió a la norma constitucional que brinda la amnistía para delitos de defensa a la naturaleza y salió en libertad.
El caso más antiguo que han tratado los magistrados es el de Teleamazonas. Este se inició en febrero del 2010 y en este caso se pidió la acción de protección para que se pronuncie sobre el cierre de este canal en diciembre, ordenado por la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La última resolución polémica sucedió en septiembre del 2011, cuando la Corte declaró constitucional la decisión del Presidente de solicitar el estado de excepción para el Sistema Judicial. Todo esto ocurrió en el marco de la Reforma Judicial aprobada mediante consulta popular.
“Se puede ver que en la Corte Constitucional tienen miedo de pronunciarse sobre el caso”.
Dalo Bucaram
Asambleísta del PRE
“Tenemos dificultades de orden logístico y personal, pues solo tenemos 4 jueces alternos”.
Patricio Pazmiño
Presidente de la Corte Constitucional