29 de December de 2012 00:03

7 casos golpean discurso ético del Gobierno

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En su sabatina de hace ocho días, el presidente Rafael Correa sugirió que era un caso aislado en su administración el escándalo de su primo, Pedro Delgado, quien falsificó su título.

Particularizó el caso en la figura del ex jefe del Banco Central y repitió el eslogan “los honestos somos más”, que fue el eje de la propaganda oficial cuando saltó el escándalo de firmas falsas, en el que también estuvo salpicado A. País.

Pero tras casi 6 años en el poder,  varios funcionarios claves del Régimen han estado envueltos en casos incómodos, que han puesto a tambalear a la honestidad como bandera del oficialismo.

“Hay un doble discurso del Gobierno frente a la corrupción, porque en la práctica están los casos del ‘comecheques’, la narcovalija”, sostiene David Rosero, vocal del Consejo de Participación.

A la luz de esos casos, a Rosero no le llama la atención que el último informe de Transparencia Internacional ubique a Ecuador entre los países más corruptos de la región; un documento que es rechazado por el Régimen.

Jorge Rodríguez, ex miembro de Anticorrupción, coincide en que desde Carondelet se maneja un doble estándar en materia de corrupción. Y enfatiza que, en los hechos, la transparencia del Régimen ha quedado en tela de duda por varios casos incómodos desde el inicio de su gestión.

“La gente parece no darse cuenta de la gravedad de cada uno de los casos”.

El oficialismo sostiene que en la mayoría de denuncias no se pudo demostrar responsabilidad.

En este punto, Rosero y Rodríguez afirman que, gracias a su capital político, el Gobierno ha ejercido presión sobre las autoridades de control del Estado, que deben fiscalizar la gestión pública. A continuación presentamos 7 casos incómodos en que han estado involucrados altos funcionarios y han afectado la imagen del Ejecutivo.

Supuestas coimas en el Ministerio del Deporte

El ex ministro del Deporte, Raúl Carrión, afronta tres juicios penales por supuesto peculado.Además, la Fiscalía inició otra instrucción fiscal en su contra por el mismo delito. Él dejó la Cartera de Estado en diciembre del 2008, luego de que la Secretaría de Transparencia denunciara el presunto cobro de coimas en la contratación de obras deportivas.

Aquí se hizo célebre el término ‘comecheques’, en referencia a un asesor de Carrión, quien al parecer intentó comerse tres cheques  para no dejar evidencia del supuesto cobro de comisiones.

A partir de ese año, la Fiscalía determinó irregularidades en varios contratos y dispuso cuatro investigaciones penales, que están en el inicio del juicio. El último llamamiento a juicio lo dictó Ximena Vintimilla, jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en octubre pasado.

Comisarías acusadas de cobrar coimas a bares

El Régimen perdió en el primer semestre del 2012 a su gobernador del Guayas, Roberto Cuero. La razón: el supuesto cobro de coimas a los dueños de bares y discotecas por parte de los titulares de las comisarías de Guayas. Esta información la hizo pública la prensa.

Dentro de las investigaciones del caso se determinó que el propio gobernador Cuero impidió que la fuerza policial cerrara un centro de diversión, pese a que había cumplido el horario de atención.

Poco después el gremio de dueños de bares y discotecas ratificó que comisarios ingresaban a los lugares para pedir supuestas coimas para no cerrararlos. La comisaria Jaqueline Hurtado y otros cuatro colegas dimitieron a sus cargos.

Poco después lo hizo el gobernador Cuero, que semanas atrás se había opuesto a que se colocara un busto en honor del ex presidente León Febres Cordero.

Compra de chalecos y GPS están en la mira

El ex director de la Agencia Nacional de Tránsito, Ricardo Antón, afronta dos procesos en su contra. El primero por supuesto peculado en la adquisición de 69 960 GPS a la empresa Raptor, sin que esta firma haya cumplido con todos los requisitos fijados en la ley. El fiscal del caso, Galiano Balcázar, determinó indicios de responsabilidad penal en Antón.

Por ello, el 21 de enero se realizará la audiencia preparatoria de juicio en la cual el Fiscal presentará su dictamen acusatorio.

Además, la Fiscalía tiene una indagación por la compra de chalecos reflectivos para motociclistas. La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en esta compra.

Los negocios del hermano del Presidente

El 21 de julio del 2009, el Gobierno dio por terminados los contratos que empresas vinculadas al hermano del Presidente, Fabricio Correa, habían suscrito con el Estado para la construcción de carreteras y viviendas.

Esta decisión se tomó luego de que la prensa denunciara el caso ‘El Gran Hermano’, en el que el hermano del Primer Mandatario supuestamente se había beneficiado de varios contratos millonarios con el Estado. Según el presidente Rafael Correa, él no conocía de los negocios de su hermano, aunque Fabricio había dicho que su hermano conocía todo lo que él hacía. Esto motivó incluso un juicio de Correa contra de los periodistas; Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, que trabajaron en el caso y luego publicaron un libro sobre el tema. Este año, el Presidente retiró la demanda, luego de ganar la primera instancia.

Alianza País también tuvo firmas irregulares

A mediados del 2013 estalló el escándalo de las firmas falsificadas en el proceso de reinscripción de las organizaciones políticas.
El presidente Rafael Correa y la dirigencia de A. País intentaron liderar la denuncia y responsabilizar a la oposición de la entrega de adhesiones fraudulentas.

Sin embargo, la denuncia se revirtió para el movimiento de Gobierno. Los primeros resultados de las auditorías de la autoridad electoral evidenciaron que la lista 35 fue una de las agrupaciones políticas que mayor número de firmas irregulares entregó.

De su paquete inicial de adhesiones presentadas por Alianza País en el 2011, el 46% no fue calificado.  Incluso el lote de adhesiones que llegó a la etapa final de validación del Consejo Electoral llegó a tener el 11% de firmas falsas. Es decir, que superó el margen de error que el propio Presidente fijó en el 4%.

La Fiscalía investiga el caso, pero ningún dirigente partidista ha sido señalado. A raíz de este episodio el Gobierno sacó el spot de ‘los honestos somos más’.

No hay responsables por la cocaína enviada

A inicios de año, el Ecuador vivió una vergüenza mundial. La Policía de Italia encontró droga líquida en la valija diplomática, que en teoría debía usarse solo para envío de documentos oficiales de las misiones diplomáticas.

Sin embargo, la Cancillería autorizó que se usara la valija para que los organizadores de la obra ‘Ruga la tortuga’ enviaran algunos de sus implementos hasta Milán. En esos objetos se intentó camuflar la droga líquida.

Tras las primeras investigaciones se determinó que meses antes se aprobó un reglamento para el uso de la valija diplomática, que dejó la puerta abierta al traslado de cualquier objeto, bajo la etiqueta de “excepcionalidad”.

La Contraloría realizó una auditoría y determinó algunas fallas administrativas, que hicieron posible el envío de la cocaína. Rafael Quintero, ex subsecretario para África, Asia y Oceanía, quien firmó el reglamento, fue una de las bajas por este caso. La Fiscalía abrió una indagación previa por este caso. Sin embargo, ningún responsable está preso.

Millonario crédito a empresario argentino

Gastón Duzac es el nombre del argentino que se volvió en una pesadilla para el Gobierno. A finales del 2011 el empresario argentino recibió un préstamo de USD 800 000 por parte del banco Cofiec, que es parte de los bienes incautados por el Estado que eran manejados por Pedro Delgado.

La polémica se desató porque esa entidad desembolsó los recursos, pese a que Duzac no presentó los documentos necesarios que garanticen el pago del empréstito.

El caso tomó vuelo cuando la prensa reveló que Duzac tenía altos contactos políticos. Incluso el legislador César Montúfar presentó un informe del Banco Central, que señala que Duzac estuvo en una comitiva liderada por Pedro Delgado que visitó Irán.

Fueron detenidos Roberto Sandoval y Omar Unda, ex miembros del Directorio del Cofiec, para que sean investigados por supuesto peculado. Tras una visita de Correa, fueron puestos en libertad.

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