Luego de la reactivación del proceso judicial en contra del ex presidente Jamil Mahuad, quedan en el aire dos interrogantes: ¿se trata de un tema meramente judicial? o ¿la cercanía de las próximas elecciones ha sido un factor de peso?
Según la defensa del ex Mandatario, el proceso estuvo estancado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) durante 10 meses y ahora, “cuando estamos entrando a la campaña electoral, el caso vuelve a copar la atención”.
El nombre de Mahuad ya había reflotado en varios actos proselitistas en los últimos meses. Desde que se lanzó la candidatura del ex presidente del Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso, el Régimen la ha vinculado con el ex Jefe de Estado y lo ha acusado de ser parte de los “banqueros que causaron la crisis financiera del 99”.
Mahuad está acusado de supuesto peculado, por el feriado bancario de 1999. La principal acusación se basa en que el ex Mandatario permitió el salvataje bancario, que luego terminó con la quiebra de algunas entidades financieras y la dolarización de la economía del país.
Pero César Monge, presidente de Creo, movimiento que auspicia la candidatura de Lasso, asegura que el “poder” ha tratado de estigmatizar a su presidencial con esta comparación, porque fue funcionario en ese gobierno.
“Esto no afecta en nada la opción ni el mensaje ni crecimiento evidente que ha tenido Guillermo (Lasso) en las tendencias de opinión”, manifestó.
En octubre aparecieron varias vallas publicitarias colocadas a lo largo de la vía a la Costa, en Guayas. Allí se veía a Mahuad y a Lasso juntos en una reunión con una leyenda que hacía alusión a que no se puede permitir que un banquero ocupe la Presidencia.
Estas vallas no tenían firma de responsabilidad y fueron retiradas apenas se las denunció.
“Creo que esto no es nada nuevo. El poder de turno ha intentado afectar la campaña, pero el crecimiento de Lasso desde hace un año y medio es evidente. La estrategia oficial no ha funcionado”, puntualizó Monge.
Según el analista político Simón Pachano, la reactivación del caso Mahuad tiene un fondo político. “Yo creo que todos los actos que se hacen en este período pre-electoral tienen un contenido político y la justicia ecuatoriana ha actuado siempre y más aún en el último tiempo, movida por incentivos políticos. (Lo de Mahuad) tiene un fuerte contenido en términos de apoyar a la candidatura del Presidente y debilitar la de Lasso, que se lo ubica como cercano, porque fue su colaborador”.
Ayer, el presidente Rafael Correa descartó que detrás del caso exista un manejo electoral del Gobierno. Incluso dijo que sentía pesar por Mahuad, pues cree que no es una mala persona, sino que cometió graves errores que desembocaron en la crisis del 99.
La jueza a cargo del tema, Ximena Vintimilla, ha preferido no pronunciarse al respecto. El argumento: su decisión está expresada en su providencia del 10 de diciembre pasado.
Allí se restableció el embargo de los bienes del ex presidente Mahuad y se dispuso su prisión preventiva, con la exigencia a la Interpol de que se lo localice y se lo capture para que regrese al país. Mahuad está en Estados Unidos desde hace más de una década, cuando fue derrocado.
La defensa del ex Presidente entregó ayer una petición a la Jueza para que revoque su providencia . Además, le explica algunas de las “irregularidades” cometidas en el proceso judicial iniciado.
Una de ellas es que la magistrada dispuso el 21 de noviembre pasado que el expediente del caso devolviera “a la autoridad de origen a efecto de que ordene lo pertinente, así (sic) también se tome en cuenta que para la prosecución de la causa es necesario que por sorteo se designe un juez nacional para que avoque conocimiento de lo resuelto por el Tribunal de Apelación”.
Esto implicaba que el proceso debía ser nuevamente sorteado entre los jueces para que continúe el trámite normal.
Pero en la providencia del lunes pasado, Vintimilla se retractó y dijo que en su anterior providencia cometió un “lapsus” y que ella era competente para proseguir con el proceso judicial.
Según el abogado del ex Presidente, Patricio Vivanco, este tipo de decisiones podría caer en el delito de supuesto prevaricato.
“Este proceso nunca ha sido jurídico, siempre ha sido político. Nunca debió iniciarse pues siempre faltaron dos requisitos constitucionales y legales inexcusables como son la autorización del Congreso y el informe de la Contraloría estableciendo indicios de responsabilidad penal. Este juicio es nulo por haberse iniciado sin esos requisitos de procedibilidad y ahora usted lo continúa politizándolo aún más, al extremo de convertirlo en parte de la campaña electoral”, señala parte del escrito presentado ayer.
Pachano señala que la resolución de la Jueza es una prueba más de que la falta de independencia judicial. “Nadie, ni la gente de Alianza País, cree que la justicia es independiente e imparcial. Obviamente una buena parte de quienes fueron elegidos para la nueva Corte son personas cercanas al Régimen”, cuestionó.
Semblanza
Ximena Vintimilla, jueza
Críticas a su calificación
Su llegada a la Corte Nacional de Justicia fue cuestionada. No solo por su cercanía con la asambleísta del oficialismo Rossana Alvarado (trabajó como su asesora en la Asamblea Constituyente); sino también por la evaluación que obtuvo en el concurso de merecimientos y oposición.
Según el asambleísta Andrés Páez, el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) le “regaló” cuatro puntos extras en el proceso de selección, en la nota de la experiencia profesional.
Vintimilla además se desempeñó como asesora del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí. Entre agosto del 2010 y febrero del 2011 fue nombrada Subsecretaria Nacional del Migrante del Austro.