Caso Jiménez: ¿Correa actuó como ciudadano?

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Estefanía Celi R. Redactora

Los argumentos de la jueza Lucy Blacio para la condena de Cléver Jiménez, Fernando Villavicenio y Carlos Figueroa están escritos en 26 páginas de toda la sentencia. En ese espacio, la magistrada de la Corte Nacional de Justicia menciona 13 veces el nombre Rafael Correa y en ninguna de ellas se refiere a su cargo como presidente de la República.

Lo hace porque, en esta causa, Correa acusó a los tres implicados en calidad de ciudadano. Contrató su propio abogado y los denunció por injurias, luego de que se desechara el proceso que, inicialmente, Jiménez, Villavicencio y Figueroa plantearon al Primer Mandatario por genocidio, tras la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Sin embargo, ha sido difícil que Correa separe su condición de ciudadano con la de presidente, a criterio de juristas consultados por este Diario.

A pesar de que este es un juicio personal, Correa usó los espacios que tiene como presidente para dar su opinión y anunciar acciones. La semana pasada advirtió con declarar el estado de excepción en Sarayaku para que se pudiera capturar a las tres personas que, según la sentencia, lo injuriaron. El anuncio lo hizo en una entrevista y luego lo repitió en su última sabatina.

La crisis en torno a Sarayaku nació después de que esa comunidad indígena decidiera acoger en su territorio a Jiménez, Villavicencio y Figueroa, al acoger las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el Estado ecuatoriano desconoció.

El tema escandalizó al Régimen, que tomó el pronunciamiento de la comunidad indígena como una amenaza al Estado de derecho y como el posible surgimiento de un estado autónomo dentro de Ecuador. El ministro del Interior, José Serrano, calificó a un grupo de Sarayaku como "paramilitares", con base en fotografías e investigaciones que tiene esa Cartera de Estado.

Por ello Correa dijo: "vamos a entrar nuevamente con la Policía Nacional diciendo 'por favor, entreguen a los prófugos'. Si impiden la acción con estos grupos armados, declararemos el estado de emergencia".

¿Hay una diferencia entre Correa-ciudadano y Correa-funcionario público? Su propio abogado en el caso, Caupolicán Ochoa, admite que no. "No hay ninguna diferencia, pues aquí lo que se afectó es la dignidad de una persona, independientemente de si sea Presidente o no", asegura y señala que el delito de injurias se da más allá del cargo que una persona tenga.

La defensa de los acusados comparte el criterio de que no hay una diferencia entre los dos roles de Correa. Julio César Sarango, abogado de los sentenciados, cree que se están utilizando las instituciones públicas para favorecer intereses que son de cumplimiento particular de Correa. El problema, para Sarango, es que aunque la sentencia repite que Rafael Correa actuó como ciudadano, la Justicia misma es la que mezcla ese rol con el de Presidente al calcular la indemnización por el daño a la honra de acuerdo al salario que recibe por su cargo: USD 6 957.

Esa no es la única manera de calcular la indemnización en un juicio de injurias. El penalista Ricardo Vaca Andrade también cree que la sentencia de Blacio confunde los roles del Primer Mandatario. "En este caso concreto, él no se presento como presidente de la República y por tanto la cuantificación de los daños y perjuicios debe hacerla el juez tomando en cuenta otros parámetros y no necesariamente el sueldo".

Además, señala que se debió levantar la inmunidad parlamentaria para poder enjuiciar a Jiménez, quien en ese tiempo era asambleísta activo. "La inmunidad es consustancial del beneficiario del fuero (de Corte Nacional)", asegura.

Mientras tanto, se desconoce el paradero de los tres sentenciados por injurias. Según Franco Viteri Gualinga, dirigente de los indígenas amazónicos, ellos ya abandonaron el territorio de la comunidad.

En contexto
Tras la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, Jiménez, Villavicencio y Figueroa acusaron al Presidente de supuestos delitos de lesa humanidad. La denuncia fue declarada maliciosa y temeraria, lo que originó una contrademanda de Rafael Correa.

El juicio contra Cléver Jiménez nació como una contrademanda

  • Mayo del 2011
    La Corte Nacional de Justicia archivó la denuncia contra Correa (caso 30S) interpuesta por Jiménez, Villavicencio y Figueroa, y la calificó como maliciosa y temeraria.
  • Agosto del 2012
    La Corte notificó a las partes sobre el proceso de contrademanda instaurado por Rafael Correa y se fijó el plazo para que se presenten las pruebas de descargo.
  • Abril del 2013
    La jueza Lucy Blacio condenó a Jiménez y Villavicencio a 18 meses de prisión, y seis para Figueroa. Además ordenó el pago de una indemnización a Correa.
  • Marzo del 2014
    La sentencia fue ratificada en casación y regresó a las manos de la jueza Blacio, que emitió la orden de captura. La Policía no ha ubicado aún a los sentenciados.
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