Para la oficialista Mallerly Vásconez, en estos días otra vez la oposición ha actuado motivada por “el odio”. Y no por el deseo de que la Mesa de Fiscalización, de la cual es vicepresidenta, investigue con seriedad la entrega de USD 800 000 al argentino Gastón Duzac, de parte de Cofiec.
“Solo sacan a relucir el nombre de Pedro Delgado, presidente del Banco Central, por ser pariente del compañero Presidente de la República. Actúan con mala fe”.
Eso sostiene la manabita, que pide a la prensa revisar una por una las solicitudes de juicio político. Según se lee en los expedientes, la mayoría no observa el art. 131 de la Constitución, que establece como principal causal, el incumplimiento de funciones.
En tres años y medio de gestión, la mesa de Fiscalización ha recibido pedidos de enjuiciamiento en contra de 13 ministros (en el caso de Javier Ponce y Jorge Marún, en dos ocasiones).
Además en contra de Washington Pesántez, fiscal General de la Nación; Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana; de Gloria Sabando, ex superintendenta de Bancos; y de los vocales del Consejo de la Judicatura.
Solo estos dos últimos llegaron al Pleno. En contra de Sabando hubo dos planteamientos de juicio, uno a nombre de Galo Lara, y otro de Rolando Panchana (Alianza País). Con el segundo petitorio fue censurada, pero en calidad de ex funcionaria. Los otros 15 casos fueron archivados.
César Montúfar es uno de los 12 asambleístas que ha planteado pedidos de juicios. Trató de llevar al Pleno al ministro José Serrano, por supuestamente interferir en la justicia, con unas declaraciones ofrecidas en la coyuntura del 30-S. Pero su intento no prosperó.
Él no confía en la mesa porque tiene mayoría oficialista (seis de 11 sillas). Esto ha provocado -argumenta- que unas 19 denuncias de corrupción, de diverso tipo, hayan sido archivadas.
El miércoles acudió a la comparecencia de Pedro Solines, superintendente de Bancos, en esa comisión. Y opina que los cabos sueltos no fueron tocados.
1. La responsabilidad de Delgado. Por eso cree que debe renunciar a sus cargos de representante del fideicomiso y de presidente del Banco Central. 2. El tema de Irán. “Cómo ingresó ese dinero al Ecuador es un punto grave, que el Superintendente no respondió”.
Según Montúfar, eso puede comprometer la seguridad financiera del país y podría significar la comprobación de que las instituciones financieras ecuatorianas están jugando un papel en una triangulación financiera internacional para que Irán evada sanciones…”. Pero no tiene esperanzas de que el tema sea investigado a profundidad, por la histórica respuesta del oficialismo a las denuncias.
Pese a estos criterios, para César Rodríguez, no todos los archivos han sido responsabilidad de A. País. Él antes de separarse de esa bancada fue clave en las negociaciones que permitieron que no prosperen varias causas.
Pese a que ahora está en la orilla contraria, Rodríguez señala dos fases. 1. En el primer momento, explica, la oposición no fue capaz de construir casos reales, con sustento y fundamento.
Y prosigue: “algunos jugaron con las viejas formas, presentando una mera denuncia, algunos recortes de prensa y nada más; orientada al show mediático”.
Pero desde el segundo período legislativo, anota Rodríguez, han puesto una barrera a todo tipo de investigaciones. Según él, la decisión de hacer que la mesa investigue el caso, vía resolución y no con un pedido de juicio político es una estrategia del oficialismo.
“Como Asamblea no se podía evadir la resposabilidad de un caso como el Cofiec. Pero no dejaron que sigamos el proceso, que el tema llegue al Pleno. Y ahora usan a la Fiscalía como la puerta trasera”, asegura Rodríguez.
Vicente Taiano (ex Prian, hoy PSP) le da la razón. Cree que dejar el tema en manos de Fiscalización y no de una mesa de multipartidista es una forma de “aparentar que buscan transparentar las cosas. Con esa mayoría gobiernista, lo que salga sobre Cofiec será lo que el Gobierno tenga preparado. La decisión es hundir al argentino Gastón Duzac para salvar los platos…”.
La socialista y aliada del oficialismo, Silvia Salgado, quien preside la mesa, desconfía de la oposición. “Ha planteado casi 20 juicios a ministros, cuestionando la política educativa, de recursos estratégicos, de transformación de la justicia. Es una oposición irresponsable que pretender seguir usando la fiscalización como instrumento de revancha política”.