28 de October de 2012 00:03

Caso Cervecería quedará para nueva Corte

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Han pasado 20 meses desde que estalló el caso de la Cervecería Nacional y el de la ‘Corte Cervecera’ y aún no se ha hecho justicia.

El proceso tiene varias aristas. La primera, la demanda de cerca de mil ex trabajadores que exigen que la empresa cumpla con el pago de sus utilidades atrasadas. Y la segunda, la indagación iniciada por el supuesto pago de casi USD 2 millones para que la Corte Constitucional emitiera un fallo a favor de la Cervecería en el caso.

Este proceso está en manos de la Fiscalía de Pichincha. En noviembre pasado, el fiscal subrogante César Morales solicitó que se señalen día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de Patricio Pazmiño, presidente de la Corte; Arturo Larrea, ex secretario de la Corte; y su hermano Alfredo Larrea, quien supuestamente recibió el dinero de la empresa para lograr el fallo; y Roberto Jarrín, representante de Cervecería Nacional.

Sin embargo, en febrero, el fiscal Galo Chiriboga levantó la acusación contra Pazmiño, porque “no se hallaron indicios de responsabilidad” en su contra. El caso pasó a la Fiscalía de Pichincha, de donde no se ha movido. No se ha fijado fecha para la audiencia de formulación de cargos para los procesados, según Edwin Salazar, abogado de los ex empleados.

Asimismo, el pago de las utilidades a los ex empleados de Cervecería está estancado en la Corte. La Cervecería pidió una acción de protección para frenar la ejecución de la sentencia de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte del Guayas, que obligaba a la empresa a pagar USD 90,9 millones.

No obstante, el proceso continúa en la Sala de Admisiones de la actual Corte, que está a punto de ser reemplazada (recuadro).

El abogado de los ex trabajadores, Luis Zúñiga, señaló que la acción de protección es ilegal, pues se presentó fuera del plazo legal para hacerlo. Además, explicó que en este caso han existido demasiadas presiones, que han frenado la resolución del proceso.

Esto, porque los ex empleados presentaron una acción de ejecución de la sentencia, que tampoco se ha resuelto hasta que la Corte tramite la acción de protección.

Pero la Cervecería ha argumentado que este fallo es ilegal. En mayo del año pasado, cuando se conoció la sentencia, Roberto Jarrín, presidente de la Cervecería , dijo que la resolución fue arbitraria, abusiva e inejecutable.

Pero los ex trabajadores no quieren que el caso quede en el limbo. Por ello, desde la semana pasada, un grupo de ex trabajadores de la Cervecería permanece en un plantón en los exteriores de la Corte. Una decena de ex empleados se instaló en el parque El Arbolito y se declaró en vigilia permanente, para pedir que los jueces resuelvan el tema y desechen el pedido de la firma.

Lo mismo se replica en Guayaquil. La acera frente a la Corte de Justicia del Guayas es el sitio de protesta de los ex trabajadores de Cervecería desde el 26 de julio del 2011, cuando pidieron el embargo de la empresa para conseguir el pago de sus utilidades.

Una pancarta de tela que lleva escrito “Pílsener ¿quién puede más? La Chequera o la Constitución” ya luce manchada por el paso del tiempo. Bajo un parasol descolorido, los asistentes al plantón del viernes pasado anotaban su nombre en un papel. A las 10:30, la lista llegaba a 10.

Érico Tobar, Víctor Zambrano, José Cárdenas y Karina González tienen varias cosas en común: a más de pedir sus utilidades a Cervecería, ninguno de ellos ha podido conseguir empleo. Luego de ser despedidos, las compañías a las que llevan sus hojas de vida los tratan como sindicalistas o los rechazan por su edad.

Las circunstancias de su despido son parte de sus quejas contra Cervecería. Tobar conoció que ya no formaba parte de la nómina al regresar de un permiso médico por una lesión en la columna, Zambrano recibió una llamada por teléfono; Cárdenas lo supo por los guardias que le retiraron su credencial cuando llegó a la planta; mientras que González lo supo cuando se reintegró a la empresa luego de dar a luz.

La edad de su hija coincide con su tiempo fuera de la compañía: 10 años. Ella trabajó por una década para la empresa. Los otros tres ex empleados trabajaron entre 15 y 21 años en la compañía.

“Hemos sido objeto de una persecución. Juez que nos apoya, juez que es enterrado jurídicamente. Ahora prefieren no pronunciarse de nuestro caso porque saben que si lo hacen en contra se llevan un montón de leyes y si lo hacen a favor les cae el hacha”, explicó González.

Esto fue lo que sucedió con Robert Guevara, Camilo Intriago y Héctor Cabezas. Ellos fueron los jueces de la Corte que dispusieron el pago de las utilidades pendientes. Meses después de ese fallo fueron destituidos.

Pese a que ya no forman parte de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura analiza una queja disciplinaria en su contra interpuesta por la empresa cervecera. Además, la Corte Nacional de Justicia analiza una acusación de presunto prevaricato contra los tres ex magistrados. La acción penal, cuya pena máxima es la reclusión, fue iniciada por la empresa.

A dos cuadras del plantón de los ex trabajadores, está la pequeña oficina de Guevara, quien presidía la Tercera Sala.

Ahora está dedicado a la cátedra universitaria y a la defensa penal. La CNJ analiza un recurso de apelación y nulidad en contra de la acusación de Cervecería. “Tengo confianza en que sí van a revisar el caso aunque también sé que van a tener presiones”, dijo.

Más datos del caso

Cervecería Nacional ha sido demanda nuevamente por temas laborales, según información de la Función Judicial.

Jaqueline Vallejo, procuradora de los ex empleados, aseguró que no descansarán en su lucha hasta que se restituyan sus derechos laborales.

Si se acepta el recurso de la Cervecería, los ex trabajadores demandarán al Estado ante instancias internacionales.

Mañana acabará el concurso

Hoy se conocerá oficialmente quiénes serán los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Puesto que hasta hoy se debía notificar a los candidatos con los puntajes finales que obtuvieron en el concurso de merecimientos.

Luego de ello, la Comisión de Selección, que llevó adelante el proceso,  realizará una cadena nacional para presentar al país a los nuevos magistrados del máximo Tribunal de Justicia. Además, explicará cómo se realizó el concurso. Esta cadena fue organizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Luego de ello, la Asamblea Nacional deberá posesionar a los nuevos jueces, que durarán en funciones por nueve años.

El jueves pasado, los miembros de la Comisión resolvieron los pedidos de recalificación de las notas de los candidatos. Los actuales jueces son los que más puntos recibieron en las revisiones hechas a las calificaciones.

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