15 de June de 2012 16:02

La Casa Blanca, decidida a defender a la CIDH

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El gobierno norteamericano está decidido a defender a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que considera "amenazada" por países que están retrocediendo en su calidad democrática, como Venezuela y Ecuador.

Así lo dijo la secretaria adjunta para América latina del Departamento de Estado, Roberta Jacobson. Y aunque ella no hizo mención al respecto, en medios locales llamó la atención la posición del gobierno argentino, a la que se consideró alejada de su tradición (ver aparte).

"No hay duda de que en esta región hay amenazas a principios básicos de la democracia, entre ellos, a la libertad de expresión", subrayó la máxima responsable para América latina del equipo de Hillary Clinton. "No siempre estamos de acuerdo con lo que hace la CIDH, pero sí en defenderla a rajatabla", subrayó.

En su medio siglo de vida, la CIDH enfrentó momentos críticos. Pero nunca se percibió una hostilidad tan fuerte por parte de Estados a los que debe controlar y que acaban de imponerle un ultimátum sobre su funcionamiento.

"Es un sistema que empieza a sepultarse", sentenció el presidente boliviano, Evo Morales, en la última asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que impuso un plazo de nueve meses -hasta marzo próximo- para que el grupo de trabajo que estudia la reforma presente medidas para modificar su política de protección de los derechos humanos.

"Con el argumento de que quieren fortalecerla, lo que en realidad se quiere es debilitarla", previno la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

La comisión es un pequeño órgano con siete juristas que funciona dentro de la estructura de la OEA, pero que es independiente. A menudo se la considera la "joya de la corona", lo que mejor funciona en esa institución regional a la que se le suele reprochar que sea más deliberativa que eficaz.

Derecha e izquierda reconocen su papel contra autoritarismos y dictaduras, con resonantes casos en nuestro país, así como en México, Chile, Colombia y Perú. "No sólo eso. Todo lo que se ha conseguido en materia jurídica referente a derechos humanos en la región en los últimos 30 años tiene que ver con la tarea de la CIDH", dijo a LA NACION el titular de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Cansados de denuncias

Pero, en los últimos años, sus denuncias molestaron a algunos gobiernos de los Estados a los que debe fiscalizar. Con el liderazgo de Venezuela y Ecuador -cansados de ser hallados en falta- los países del ALBA se la tenían jurada.

Sólo requerían una oportunidad y eso pareció llegar cuando Brasil, con su peso, se sumó el año pasado al bando de los irritados, a raíz de una medida cautelar que la CIDH emitió contra la construcción de una represa y que le causó enormes dolores de cabeza a la presidenta Dilma Rousseff.

Ahora las medidas cautelares de la comisión están en juego. También su llamada "lista negra", en la que anualmente se enuncian los principales problemas de la región. Pero la ofensiva podría ir más lejos.

"Si quieren que funcionemos mejor, más que recomendaciones, necesitamos recursos", dicen en la CIDH, cuyo presupuesto para toda la región es diez veces más pequeño que el que tiene su par de la ciudad de México: seis millones de dólares contra 60. Y en nada la ayuda la embestida que sufre de distintos gobiernos y que consiente el titular de la OEA, José Miguel Insulza.

"Seamos honestos: no hay propuestas concretas para crear nuevas herramientas de protección de los derechos humanos -dijo a LA NACION su saliente secretario ejecutivo, Santiago Cantón-. Lo que sí hay en cambio es una acción que podría debilitar la capacidad de respuesta e impacto de la Comisión."

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