Con la participación de 44 asambleístas, el Pleno concluyó ayer la continuación del segundo debate de reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. La Comisión de Desarrollo Económico deberá acoger o no las observaciones planteadas, antes de la votación.
Ayer, Consuelo Flores (PSC y Madera de Guerrero) criticó la ausencia de la presidenta de la mesa, Saruka Rodríguez (PRE) en la sesión 77. Esta legisladora dijo defender al gremio ya que ha sido taxista por 16 años.
Gido Vargas, ex dirigente del transporte interprovincial, adelantó que Sociedad Patriótica buscará que se hagan varios ajustes al proyecto de ley. Entre otras cosas se oponen a que se mantenga la Comisión de Tránsito del Guayas. Creen que la mancomunidad de alcaldes de esa provincia debería encargarse del tema.
Esto según lo señalan la Constitución y el Código de Organización Territorial (Cootad), que otorga la competencia en el manejo del tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados.
Contrario a la posición de legisladores de Alianza País como Virgilio Hernández, Fernando Bustamante y Ma. Paula Romo, Vargas dice que se deben mantener las facilidades para que los choferes profesionales recuperen los 30 puntos perdidos de la licencia tras inscribirse en un curso de 30 días. Vargas también pide mantener las sanciones para los conductores que brinden servicio ilegal.
Pero este proyecto tendría más temas por pulir, según Mauro Andino. El también oficialista habló de una contradicción entre los artículos 69 y 88. En el primero se dice que si la autoridad encuentra a un conductor no profesional con alcohol en la sangre, la sanción sería de seis meses a un año. Y el segundo se establece una pena de solo 60 días, es decir una sanción más benigna, para los transportistas públicos.
La propuesta tampoco fija límites mínimos y máximos de rasgos de alcohol en la sangre.