29 de October de 2012 00:03

Las cadenas, enlaces y gabinetes han costado USD 1,2 millones desde 2010

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Las cadenas nacionales han sido uno de los ejes más importantes de la política comunicacional del Gobierno. Pero no necesariamente para informar al país sobre las obras realizadas sino también para cuestionar, atacar y desmentir a cualquier persona u opinión que considere de oposición o falsa.

En esta estrategia, el Ejecutivo ha invertido USD 435 235,72 en los últimos tres años de mandato.

Desde el 2010, el encargado de realizar este trabajo ha sido Carlos Bravo. Primero como persona natural y luego como gerente de la empresa Gota Azul SA, que creó en mayo del 2010, con su cuñada Iliana Yépez, quien figura como presidenta de la firma.

Bravo fue periodista de varios canales de televisión. Hasta el 2005 estuvo en Canal Uno, de donde renunció luego de haber defendido a la entonces diputada del PRE, María Augusta Rivas, que se vio envuelta en un escándalo en un hotel en Lima.

Además, su hermano Marco Antonio Bravo es subsecretario de Innovación y Nuevos Medios de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).

Sin embargo, Carlos Bravo, a partir del 2007, empezó a trabajar como productor independiente. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre ese año y el 2011, Bravo ha declarado USD 36 741 por Impuesto a la Renta. Antes de ello, entre el 2002 y el 2004, la cifra apenas llegaba a USD 1191. El 2005 declaró 0 y no existe una declaración del 2006 en el portal del SRI.

Asimismo, su empresa Gota Azul, desde el 2010, ha declarado USD 4 432. El contrato que celebró con el Régimen en el 2012 asciende a USD 165 000 más el 12% del IVA.

Según los contratos firmados con la Secretaría de Comunicación, entre el 2011 y el 2012, Bravo se encargaría de la “realización, edición, producción, masterización y posproducción de las cadenas nacionales”. Adicionalmente debía hacer “productos audiovisuales especiales e investigación periodística, análisis de coyuntura, elaboración de guiones para productos televisivos, y para la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional”.

No obstante, en el 2010, sus labores eran más amplias. Él se encargaba de la “graficación y edición en línea del Enlace Ciudadano; de la realización, investigación, producción y edición del segmento Libertad de Expresión; la grabación, edición, producción y posproducción de El Ciudadano TV; y de las coberturas en video de eventos oficiales y no oficiales”, a más de las cadenas nacionales.

Según la Ley de Telecomunicaciones, las cadenas nacionales solamente pueden ser utilizadas para “la divulgación de la obra o actividad del Gobierno Nacional”. Además, se deben cumplir algunas condiciones, como que no duren más de cinco minutos, que sean solamente una vez a la semana y que se acuerde con el medio de comunicación el horario en el que se la transmitirá.

Según el ex presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), José Pillegui, aquí existe un vacío normativo, porque no está regulado si las cadenas pueden ser usadas para desmentir o rectificar a un medio de comunicación. “Si algo debería regularse es este tipo de temas”, señaló Pillegui.

Sin embargo, para el también ex presidente del Conatel, Juan Carlos Solines, la norma es clara. Pero el Régimen la mal utiliza y “los medios se ven obligados a cumplir con esta norma por temor a que se los sancione o a que no se les renueve la concesión de la frecuencia”, explicó.

Con esto coincide Miguel Rivadeneira, director de Ecuadoradio. A su criterio, “existe una infinidad de temas que son de interés nacional y que el Gobierno no informa y prefiere quedarse con los desmentidos de las opiniones con las que no está de acuerdo”.

Sin embargo, este tipo de cadenas no son las únicas que el Gobierno difunde. En abril se contrató a la empresa Kronopio SA, para que realizara las cadenas semanales: ‘El Gobierno a sus mandantes’ y para que realice nueve gabinetes itinerantes. El monto total del contrato asciende a USD 287 000 por nueve meses.

Kronopio SA fue creada el 24 de septiembre del 2009. Y en el 2010 empezó a trabajar con el Gobierno para la realización del informe de labores y de los gabinetes itinerantes. Entre ese año y el 2011, la empresa percibió en dos contratos USD 434 400.

Otro de los frentes importantes para el Ejecutivo son los enlaces sabatinos. En el 2010, era Bravo el que se encargaba de ellos; ahora es Édgar Ramiro Anrango Vargas.

Según el contrato que consta en el portal de Compras Públicas, desde febrero pasado él tiene que producir todo el enlace. Por este trabajo recibe USD 26 400.

En los enlaces también aparece el ‘sketch’ de Lenguanoticias, que es utilizado para cuestionar y atacar a los opositores políticos.

El encargado de este trabajo es Ramón Bravo Arteaga, quien trabajó hasta mayo pasado como productor Ejecutivo de Noticias de Radio Pública. En julio pasado, Bravo firmó un contrato con la Secom por USD 87 600 más IVA.

Sin embargo, el programa está al aire en las sabatinas desde inicios del 2011. Bravo declaró al SRI ese año USD 1 943,64 por Impuesto a la Renta.

El sábado, el presidente Rafael Correa defendió el trabajo de Bravo. En su enlace, aseguró que son “ataques” contra personas que son “críticas” a los medios.

Además, justificó el costo del contrato y argumentó que solo refleja una mínima parte del trabajo de Lenguanoticias. Dijo que solo “en los últimos 4 meses ellos han hecho 71 programas para radio El Ciudadano y la Plataforma Ciudadana. Vayan a ver cuánto costaría cualquier productora de la gallada de los medios”.

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Así respondió Fernando Alvarado

Fernando Alvarado: Le insisto con mucha consideración, que a pesar de ser divertidas sus preguntas, no tienen ningún nivel ni contenido periodístico, y utilizan mi tiempo que buena falta me hace aunque sea para ver una buena película. (mis respuestas entre los párrafos de su correo anterior).

Periodista: Estimado Doctor, con todo respeto le contesto y le digo que he respetado mucho su tiempo y he esperado por tres semanas para que usted me conteste... La pregunta es muy concreta, ¿por qué se contrató al señor Bravo? ¿Por ser hermano de Marco Antonio Bravo? Usted sabe que al ser un tema de Régimen Especial la elección es discrecional y no hay un parámetro de selección.

F.A.: No entiendo la pregunta, parecen ser para el concurso ¿Quién quiere ser millonario?

A: Porque Marco Antonio es mi súper pana y quise ayudar a su hermano que estaba sin trabajo

B: Porque es eficiente y tiene muy buenos enfoques y calidad investigativa y trabaja 24/7, 365 días al año.

C: Porque me gusta desperdiciar los recursos del Estado, y lo contrato a sabiendas que la gente de la Secom puede hacer este trabajo.    Si quiere puede usar un comodín, y averiguar quién de los hermanos Bravo entró primero, y también puede generar hipótesis sobre por qué el presidente Correa me contrató a mí como Asesor de Comunicación, siendo mi hermano Secretario General de la Administración Pública.

P: ¿Por qué existe el segmento Lenguanoticias? Es legítimo que haya dado ese servicio desde el 2011 y en julio del 2012 recién firme un contrato? ¿Qué modalidad de contrato había antes de esa fecha? ¿O es que era parte de Radio Pública y el servicio en la cadena era gratuito?

F.A.: Aquí también le respondo con otra pregunta: ¿Por qué existe Roque en EL COMERCIO?

Y sobre el contrato, le sugiero un curso intensivo de investigación periodística. Tanto los contratos de Radio Pública con la Presidencia, así como el actual contrato con Lenguanoticias constan en la pág. web de la Presidencia.

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