22 de January de 2011 00:00

La C. Constitucional está en el centro del debate

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Dos temas del referendo que plantea el Ejecutivo contienen contradicciones graves con la Constitución, según juristas consultados. La reestructura del sistema Judicial y la reforma de la caducidad de la prisión preventiva, según el constitucionalista Gustavo Medina, podrían generar controversia en el análisis que deberá hacer Nina Pacari, vocal de la Corte Constitucional, a cargo de estudiar el referendo.

Esto, porque “el artículo 441 de la Constitución establece limitaciones severas para que se realicen las reformas legales importantes y el 164, en su numeral 1, alude a la independencia de la Función Judicial, que se estaría violando. Las propuestas de preguntas estarían afectando las limitaciones constitucionales”.

Por ello, cree que el problema es de fondo, no por la forma en que se redactaron las preguntas.

Con esto coincidió el jurista Genaro Cruz. Para él, modificar y ampliar los plazos para la caducidad de la prisión preventiva sería un retroceso en la normativa ecuatoriana. Se contraviene el principio de inocencia. “Los presos podrían permanecer detenidos indefinidamente. El problema no es la ley es que el sistema de administración de justicia no es operativo”, explicó.

Sin embargo, el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, señaló que los temas que se tramitan en la consulta buscan mejorar el sistema judicial. “Se trata de propiciar un buen gobierno, una administración adecuada que garantice a la ciudadanía una sensación de bienestar, porque la inseguridad, incertidumbre, insatisfacción y angustia que vive el pueblo frente a la delincuencia está en relación directa con la falta de administración de justicia y es que los jueces, salvo excepciones, no son sino los rezagos de la partidocracia; son los suplentes de los que formaron la ‘Pichi’ Corte”.

Sin embargo, más voces se unen al pedido a la Corte Constitucional para que analice las preguntas con mucho detenimiento y que deseche cualquier intento de violar la Carta Política. El asambleísta Paco Moncayo envió una carta en la que señala que la propuesta del Ejecutivo “pone a prueba el nuevo sistema constitucional que el Ecuador adoptó el 2008. La Corte Constitucional, organismo encargado de garantizar la observancia de los mandatos contenidos en la norma suprema, debe reafirmar, ante el país, con su acción, el apego irrestricto al Estado de Derecho y el respeto a la voluntad de los ecuatorianos”.

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