24 de July de 2011 00:04

‘El buen funcionario judicial no debe temer’

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La Ministra de Justicia, Johana Pesántez, sostiene que  se deben  delimitar claramente las competencias de los jueces.

¿Qué papel jugará el Ministerio de Justicia en la reforma de Función Judicial?

Tiene un papel de apoyo técnico y coordinador de políticas desde el Ejecutivo para el Consejo de la Judicatura y la comisión tripartita, encargada de ejecutar el plan de reforma judicial.

¿Qué presupuesto se ha previsto invertir?

Aún no se han definido cifras, pero eso lo establecerá la Comisión con el CNJ.

¿Cómo se canalizarán esos recursos, será a través del Ministerio de Justicia?

Es posible que parte de los fondos se canalicen por este Ministerio. Pero las asignaciones se harán directamente desde el Ejecutivo.

Sobre el tema medular, son suficientes 18 meses, que es el plazo que el Gobierno se ha dado para reformar la justicia, considerando que hay problemas estructurales, enraizados durante décadas.

Lo más importante es tener un modelo de gestión que nos permita realmente saber cuáles son las competencias de cada uno, del tema jurisdiccional y del tema administrativo. Esto es lo más difícil de resolver. Lo que vamos a emprender es sentar las bases para el nuevo modelo de gestión.

¿Cuáles son los ejes de esa reestructura?

El talento humano; se debe tener jueces y funcionarios probos que cumplan con todos los requisitos que la ley manda, con el perfil adecuado, que exista una verdadera escuela judicial, no cursos aislados. Con educación previa y continua. Otro eje es el de las tecnologías de la información y la infraestructura. Además, buscamos los juzgados cero papeles. En la práctica los judiciales siguen cosiendo los juicios a mano, la idea es digitalizar todo, para tener una seguridad informática.

¿Cuál exactamente es el modelo de gestión?

Se refiere al manejo de lo administrativo y lo jurisdiccional. El Consejo de la Judicatura está para administrar el sistema judicial, mientras que los jueces deben encargarse exclusivamente de sus fallos, de administrar justicia. Lastimosamente no ha existido una diferencia clara entre esas dos competencias, lo que ha causado problemas en la práctica.

¿Cuán traumático será este proceso? Actualmente entre funcionarios judiciales hay mucho temor e incertidumbre, hay la sensación de que se viene un huracán que arrasará con todo, y que se hará una designación política.

El buen funcionario judicial no debe temer, el que cumple con todos los requisitos podrá continuar, pero el que ha sido objetado no se podrá quedar.

Un problema recurrente, estructural en el poder Judicial, es la corrupción, ¿cómo lo van a enfrentar?

Una de las partes importantes es la evaluación, ya está adelantado el análisis de la evaluación a jueces penales y fiscales. El resto de funcionarios será evaluado. También se integrarán veedurías nacionales e internacionales que ayuden no solo a transformar la justicia sino para depurar jueces acusados de corrupción.

Pero y si no existe la confianza de la gente en el sistema, precisamente porque reina la impunidad para algunos jueces. ¿Cómo piensan recuperar la confianza en el sistema?

Es evidente que no se han cumplido las funciones oportunamente y eso ha generado desconfianza, por eso existe un compromiso para hacer cumplir los derechos de los ciudadanos.

¿Tienen algún estudio sobre las causas represadas y su efecto en todo el sistema?

Hay más de 1,2 millones de procesos represados, precisamente uno de los ejes es el despacho de esas causas.

¿Cómo lo harán?

Con jueces destinados solo para ese fin.

¿Cuántos jueces se contratarán, se habla de 1 000?

No podría decirle exactamente porque depende mucho de cada nueva judicatura que se cree.

También se requerirá de mucho dinero, ¿de cuánto estamos hablando?

Esa cifra aún no se ha definido con exactitud.


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