28 de June de 2011 00:01

La autorregulación de medios impresos rige en Colombia

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A contracorriente de lo que sucede en países de la región, en Colombia no hay un Consejo de Comunicación, que ejerza una suerte de censura de los contenidos publicados en los medios impresos.

Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (FCP), asegura que en la práctica rige una autorregulación de los periódicos y revistas, para evitar, por ejemplo, la publicación de contenidos que pueden catalogarse como discriminatorios, racistas y violentos.

¿Y qué sucede si contenidos de ese tipo aparecen en las publicaciones periódicas? Elker Buitrago explica que los afectados por las notas periodísticas tienen derecho a entablar una querella contra los medios y en ese caso un juez deberá pronunciarse.

El miembro del Círculo de Periodistas de Bogotá y asesor de este gremio sostiene que asiste a los perjudicados el derecho a la rectificación. Esta es una conquista que se incluye en la norma 29 de 1944, aquí también conocida como el Estatuto de Prensa y que en realidad es la Ley de Comunicación vigente en este país.

Buitrago, quien es autor del libro ‘Derecho de las comunicaciones’, un texto de consulta en materia de regulaciones para la prensa, en cambio, explica que los canales de TV operan bajo disposiciones diferentes a los impresos.

La supervisión del trabajo de las cadenas televisivas está a cargo del Consejo Nacional de Televisión (CNT). Según la Ley 182 de 1995, esta instancia vigila que las estaciones cumplan con una serie de requisitos. Entre ellos, la imparcialidad en las informaciones; la separación entre opiniones e informaciones; el respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural; el respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y a los derechos y libertades constitucionales.

También la protección de la juventud, la infancia y la familia y la preeminencia del interés público sobre el privado, entre otros.

No obstante, la CNT es una entidad cuestionada y está a punto de ser eliminada. Será reemplazada, según Buitrago, al menos temporalmente por la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones, que es parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. Esta Cartera es la responsable de la gestión del espectro radioeléctrico.

El presidente de la FCP también recuerda que los gremios periodísticos en general han salido airosos en las ocasiones en las cuales se ha intentado derribar la autorregulación vigente. “En el Congreso de la República, nos hemos opuesto cada vez que ha habido la intención de incidir en los contenidos editoriales de los mensajes de los medios de comunicación”.

Y coincide con Buitrago en que la televisión tiene algunos limitantes por la actuación de la CNT. “En general, la Constitución prohíbe la censura y las organizaciones de periodistas promovemos la autorregulación de los medios”. Márquez recuerda que en el país están tipificados los delitos de injuria y calumnia. “Recientemente, nosotros demandamos la inconstitucionalidad de esos delitos porque se pueden convertir en una especie de palo en la rueda de la libertad de prensa”.

La FCP ahora elabora un proyecto de ley en esta materia, una vez que la Corte Constitucional desechó la demanda. “No puede haber ninguna instancia ni gubernamental ni institucional que evalúe si un contenido debe salir o no en los medios de comunicación, así el objetivo sea loable”.

El año pasado en el Congreso colombiano se presentó un proyecto de ley que prohibía la difusión de imágenes de menores de edad en situación de ilegalidad. Para la FCP, esa iniciativa “era el comienzo del inicio de la censura”, comenta Márquez.

Por esa causa, asimismo quedaron en el aire las posibles sanciones en contra de los diarios La Nación (Neiva), el Heraldo (Barranquilla) y la revista Semana por publicar en el 2009 algunos rasgos físicos de Emmanuel, el hijo que Clara Rojas tuvo en su cautiverio a manos de la guerrilla de las FARC. En ese entonces, Bienestar Familiar encontró que con la publicación de esos rasgos se violó el Código de Infancia y Adolescencia respecto de la prohibición de divulgar información referente a los menores de edad que se encuentran en los programas de protección de esa institución.

El debate continúa en Ecuador

Mañana, nuevamente, sesionará la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional para debatir sobre los contenidos que se consideran discriminatorios y la definición del concepto discriminatorio, dentro del trámite del proyecto de Ley de Comunicación.

Los asambleístas que conforman esta Comisión decidieron que los asesores redacten las propuestas planteadas por María Augusta Calle y Betty Carrillo, ambas legisladoras del movimiento Alianza País.

Entre esas propuestas se discute si se detalla el artículo 11 numeral 2 de la Constitución vigente. Sin embargo, dentro del debate está colgando el tema de sanción por discriminación a los medios impresos. También está pendiente el análisis de los contenidos violentos o que inducen a la violencia y los contenidos sexuales.

Otro aspecto que no se decide es la presencia o no de Catalina Botero, la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La funcionaria, en agosto pasado, entregó a la Presidencia de la Asamblea, un comunicado de 18 páginas con 12 observaciones puntuales y una general a partes del proyecto de ley discutido en diciembre del 2009.

Los asambleístas de oposición que son parte de la Comisión Ocasional piden la presencia de Botero para que comparta sus opiniones. Aún no hay respuesta por parte del oficialismo.

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