28 de November de 2011 00:00

Los autores de ‘El Gran Hermano’, en jaque por millonaria demanda

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Christian Zurita no ha visto en sus 41 años de vida ni en sus 18 años en el periodismo USD 10 millones.

Es el monto de la indemnización que por supuesto daño moral les exige pagar a él y a Juan Carlos Calderón, el presidente Rafael Correa, quien hoy, a las 16:00, rendirá su juramento deferido, en el Juzgado Quinto de lo civil de Pichincha.

Ni Zurita ni Calderón, de 48 años, 28 de ellos de ejercicio periodístico, tienen la noción física de lo que significan ni USD 200 000 en una mesa. Es la quincuagésima parte del monto de la demanda civil en su contra.

Desde febrero de este año, la cifra empezó a rodar en la cabeza de estos periodistas, autores de ‘El Gran Hermano, historia de una simulación’. El libro, que va por su cuarta edición, relata los millonarios contratos de Fabricio, hermano del Presidente, con el Estado.

Por el texto, como ganancia, los investigadores han recibido alrededor de USD 5 000 cada uno. Pero Calderón ya ha desembolsado USD 8 200 en la defensa.

Zurita debe pagar algo similar, pero ahora no dispone de esos recursos. Vive de su sueldo como reportero en diario El Universo.

Calculan que necesitarán unos USD 20 000 para cubrir el rubro. Pero hay más gastos: desde cosas simples como impresiones y copias físicas y digitales de archivos del caso que entregan a la prensa y a gente relacionada con temas de libertad de expresión. También deben costear viajes, como el de finales de octubre, a Washington (EE.UU.), para la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para desplazarse usaron una tarjeta de crédito.

Quizá no será el primer viaje que deban emprender. Durante su visita al país, en agosto, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós les aconsejó internacionalizar el caso.

Zurita presume que en febrero del próximo año habrá una sentencia. Ya terminó la etapa de sustanciación de pruebas, luego vendrán los alegatos. La defensa del Presidente adelantó que pedirá una audiencia de estrados para que sus alegatos sean públicos.

Han pasado nueve meses desde que empezó la querella. Calderón supo de la existencia del juicio por una llamada de un reportero judicial. Él le comentó que mientras revisaba las causas interpuestas, vio el caso en el sistema de la Función Judicial. La demanda fue interpuesta el 28 de febrero del 2010. El actual Editor de la Revista Vanguardia cree que su caso se politizó y fue parte de la campaña a favor de la consulta popular, desarrollada en mayo.

“Es un absurdo pensar en pagar esa cifra. En los países desarrollados, en Inglaterra o Estados Unidos, tal vez se podría hablar de USD 10 millones. Acá, no sé, un millón costará una casa de hacienda con caballos, la escuadrilla de polo…”. La reflexión es de Zurita, padre de un chico de 20 años, estudiante de ciencias duras de la Universidad Católica de la capital. Calderón tiene dos hijas: Aida, de 22, quien estudia teatro en Guayaquil, y Tania, de 12.

Los periodistas se conocieron hace más de 14 años, en la redacción de revista Vistazo. Se reencontraron en diario Expreso, donde en el 2009, Calderón, como editor, y Zurita, como reportero, investigaron junto con otros colegas, los contratos de Fabricio Correa. Luego, ambos sistematizaron el trabajo, lo contextualizaron y editaron el libro, que cuesta USD 14.

El Gobierno les respondió en cadenas nacionales y enlaces sabatinos. Descartaron una posible demanda tras el 30 de septiembre del 2010. El supuesto intento de golpe de Estado hizo que el presidente Correa se enfocara en atacar a sus agresores.

Además, indica Calderón, el informe de la veeduría ciudadana, encabezada por Pablo Chambers, concluyó que Rafael Correa conocía de los contratos de su hermano. “Si le creemos al Presidente, que dice no haber sabido, no entiendo por qué decidió tirarse contra dos periodistas que ‘le dan descubriendo el tema’”.

Este Diario intentó comunicarse con Gutemberg y Alembert Vera, abogados del Primer Mandatario, hasta el viernes. En su despacho indicaron que se encontraban en Miami, Estados Unidos. Y que llegarían el fin de semana. Pero no respondieron sus celulares.

Ellos han reiterado, varias veces, que jamás se podrá probar que Correa conocía de los contratos de Fabricio. Y que además, legalmente, las declaraciones de un hermano contra otro no son válidas. “En el pseudo libro se injuria al Presidente. Nunca le preguntaron si lo que denunciaban era cierto. Esa acusación constituye una forma de enriquecimiento ilícito y peculado”, señaló Gutemberg Vera, en entrevistas pasadas.

“Es una desproporción. No podremos pagar esa cifra que nos clavan. Tengo un pequeñísimo patrimonio, construido en 24 años de casado”, dice Calderón.

Los abogados


Entre 10 y 15 minutos tardaría el presidente Rafael Correa en rendir su juramento deferido ante la jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, María Mercedes Portilla, hoy, a las 16:00. En la diligencia, ni sus abogados ni la contraparte podrán hacer preguntas.

El abogado de los periodistas, Ramiro Aguilar, cree que Correa sostendrá, sin probarlo, que sus defendidos le causaron daño moral, por USD 10 millones.


El abogado Enrique Echeverría explica que los demandados pueden apelar la sentencia ante la Corte Provincial de Pichincha y luego, con un recurso de casación, llevar el caso a la Corte Nacional. Si no tuvieran suerte, el proceso volvería al juzgado de origen, con la sentencia definitiva, en donde se tramitaría el cobro. Si los periodistas no contaran con recursos para solventar la indemnización podrían declarse insolventes. Eso los privaría de derechos políticos.

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