26 de December de 2010 00:00

La ausencia de fiscales y las argucias legales gravitan en la demora procesal

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Reds. Política y Guayaquil

En la sede principal del Consejo de la Judicatura la tensión es elocuente. Este organismo ha sido calificado como el punto más endeble del sistema judicial penal.

Sus ocho vocales duermen con un ojo abierto a la espera del juicio político que alista Alianza País en la Asamblea. Las críticas en su contra se destaparon por la liberación de 4 320 detenidos que permanecieron más de un año sin recibir una sentencia.

Esta es una cifra que maneja la Defensoría Pública y comprende un período, desde enero del 2007 hasta agosto de este año.

Inicialmente los jueces fueron responsabilizados. Pero hay una compleja red de razones que demuestra que los problemas en la justicia son más profundos y no han podido ser salvados durante los cuatro años de gobierno del presidente Rafael Correa.

Estadísticas oficiales de la Judicatura demuestran que la suspensión de audiencias (una de las causas para el retraso en el trámite de los juicios y de la liberación de los presos) es una responsabilidad compartida entre autoridades de Rehabilitación, jueces, fiscales, abogados.

En este año, 30 096 audiencias fueron suspendidas. De ellas, 10 762 se debieron a que el fiscal no acudió, mientras que en 5 440 los abogados usaron algún “artificio legal” para dilatar el juicio (ver tabulado).

La Fiscalía es una de las instituciones que se ha fortalecido durante estos últimos tres años. En el 2007 tuvo un presupuesto de USD 42 millones, un año después subió a 69 millones. En el 2009 llegó a 78 y en este año recibieron 83 millones.

En ese mismo período se adquirieron 61 edificios y 163 oficinas en todo el país. El crecimiento del personal es evidente. En el 2007, la Fiscalía contaba con 1 281 funcionarios, entre ellos 374 fiscales; hoy son 2 622, entre ellos 650 fiscales.

El fiscal Washington Pesántez asegura que hay un seguimiento constante del trabajo de los fiscales. En tres años, se ha sancionado a 185 funcionarios de la entidad por faltas en su trabajo y para el próximo año pretende lanzar la campaña de que cero audiencias sean aplazadas, por la ausencia de algún fiscal.

Si se considera a la justicia como un trípode, la pata de los jueces es la más coja. En el país hay 155 jueces penales y apenas 50 tribunales penales. Esta cifra es ínfima si se considera que se presentan alrededor de 125 000 denuncias de delitos cada año.

En ese escenario, el papel que debiera jugar la Judicatura es fundamental, pero las críticas le llegan desde dentro y fuera del sistema judicial. Casa adentro hay un malestar evidente entre los funcionarios judiciales.

Están molestos, porque han esperado la homologación salarial durante más de tres años. Ángel Rubio, presidente de los judiciales, presentó una demanda para que se concrete esta medida tomada por la Constituyente.

Desde fuera, una de las críticas es por la ineficacia en la contratación de jueces titulares, pues la mayor parte de los juzgados se encuentran en manos de temporales, conjueces, provisionales (más del 50%). En Guayas y Pichincha, las provincias, con la mayor carga de juicios, trabajan 251 jueces sin nombramiento.

Si la mayoría de jueces no son de carrera, eso se evidencia en la calidad de los fallos, dice Fernando Gándara, ex ministro de la Corte de Quito. “Por eso es indispensable fortalecer la escuela judicial, para que se formen todos los que ingresan como jueces a esta función del Estado”.

Por el momento lo que más preocupa es la liberación de presos sin sentencia. La mayoría de casos está en Guayas (96% de liberaciones por la caducidad de la prisión preventiva). Allí se encuentra el 45% de presos de todo el país y la mitad de los casos.

Fernando Yavar, director de la Judicatura en Guayas, dice que apuntar a los servidores judiciales es un tema que parece político, “porque obviamente quien firma la providencia es el juez; sin embargo el antecedente de por qué se cumplió el plazo de caducidad no necesariamente es culpa del juez; puede ser de la Fiscalía, de los peritos que no acuden, de los defensores'”.

Por eso, para María Leonor Biteri, titular de la Corte provincial de Guayas, la información en que se basan los expedientes del Ministerio de Justicia es absolutamente errónea no solo en la cantidad, sino también en cómo y por qué se han caducado las prisiones en Guayas.

Pero según Gándara hay otros problemas que minan al CNJ, como la inestabilidad de sus titulares y directivos, especialmente en este período de transición. “Eso genera incertidumbre en el personal, que está desmotivado y cansado. Por ejemplo -agrega-, el promedio de edad de los servidores es de 50 años.Y tampoco se ha invertido para mejorar su capacitación, a lo que se suma otro detalle: no se crean juzgados desde hace más de 20 años en Quito y Guayaquil .

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