La evaluación interna en la Corte Constitucional se inició ayer. Los encargados de esa auditoría empezaron a recopilar información sobre el trabajo que han realizado las secretarías General y Técnica Jurídica.
El objetivo del trabajo será comprobar si existieron errores en el manejo administrativos de esas dependencias. Para eso revisarán los nombramientos de sus funcionarios, los cambios de cargos, horarios y labores que han cumplido los miembros de esos despachos del tribunal constitucional.
La Secretaría General tiene un equipo de 15 personas y su misión es llevar el trámite y registro de las causas que llegan a la Corte Constitucional. Su titular es Marcia Ramos, quien ocupa el puesto hace apenas tres días.
Ella reemplazó a Arturo Larrea que fue removido de su cargo por el escándalo de supuestos sobornos en el litigio de la Cervecería Nacional y un grupo de sus ex empleados. Esa denuncia implica un presunto pago de coimas mientras que el caso estuvo en la Corte.
La Secretaría Técnica Jurídica es una oficina que nació con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la cual entró en vigencia en octubre del 2009. Esa norma establece que ese despacho será el encargado de asesorar a los jueces constitucionales en la elaboración de sus proyectos de fallos. Esa dependencia está dirigida por Jorge Badillo, quien tiene a su cargo 20 personas.
Su trabajo fue notorio con el análisis de la preguntas de la consulta popular y del referendo que impulsa el Gobierno. Un equipo de esa Secretaría trabajó en los borradores de fallo que presentaron los jueces Patricio Herrera y Roberto Bhrunis. Ambos casos avalaron la realización de la consulta que se cumplirá en mayo.
Desde entonces, la asesoría de ese equipo empezó a causar sospecha en el interior de la Corte Constitucional. La principal preocupación es que los asesores pudieran influir en las resoluciones; pues en el caso del proyecto del juez Herrera se entregó un día antes de la votación en el Pleno.
La investigación de las secretarías está a cargo de los jueces Nina Pacari, Édgar Zárate, Patricio Herrera y Alfonso Luz. Ellos fueron escogidos por el Pleno de la Corte Nacional, luego de que se presentará una denuncia sobre las supuestas irregularidades en el manejo de la Corte Constitucional.
La solicitud de investigación fue presentada por el grupo de minoría del organismos. Ellos son Alfonso Luz, Manuel Viteri, Hernando Morales y Nina Pacari.
Según Viteri, existían casos de presunto nepotismo, porque familiares fueron contratados para trabajar en la misma dependencia. Eso, dijo Viteri, ha llevado a una crisis institucional. “Se comenzaron a hacer cambios administrativos y encontré que Santiago Altamirano (sobrino del Director Administrativo) va a la Secretaría Técnica, que es nepotismo”.
El presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, aseguró que él es el responsable del manejo administrativo de la Corte y rechazó las denuncias de sus colegas.