4 de September de 2012 00:01

Audiencia se aplaza por tres ocasiones

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La espera de los cuatro ciudadanos que vigilaron la cancelación de los contratos entre Fabricio Correa y el Estado continúa. El 11 de septiembre, Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo conocerán si van o no a juicio por presunto perjurio y falso testimonio. Esos son los cargos que les imputó la fiscal de delitos de Fe Pública, María Elena Vayas.

Esto sucedió luego de que los cuatro ciudadanos hayan presentado un informe en el que determinaron que el presidente Rafael Correa sí conocía de los millonarios contratos que su hermano mayor, Fabricio, mantenía con el Estado.

La audiencia de sustentación del dictamen fiscal estaba prevista para ayer, a las 11:00, en el Juzgado Quinto de Garantías Penales. Pero el fiscal Estuardo Flores no pudo asistir a la audiencia por una enfermedad de su madre, según dijo, por lo cual solicitó a la jueza Ana Cristina Guerrón que difiera esa diligencia.

El abogado de los cuatro ciudadanos, Ramiro Román, dijo que la defensa de los veedores estuvo presente el día y la hora señalados, dejando claro que los ciudadanos no van a rehuir a estar presentes para enfrentar con fuerza esa la demanda.

A la vez señaló que la Fiscalía debe tener la sensatez de no acusar a los ex veedores pues ellos no cometieron ningún delito. Por otro lado, Román y los veedores pidieron seriedad en el proceso y que no se cambie de juez o de fiscal. Esto debido a que durante este proceso cinco jueces han conocido el caso y ha sido defendido por cuatro fiscales.

Mientras tanto, los ex veedores están a la espera de la respuesta del Gobierno de Suecia sobre su pedido de asilo. La semana pasada mantuvieron una reunión con el Cónsul de ese país, a quien le explicaron que ellos se consideran perseguidos del Gobierno, al cual le desagradó su informe.

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