14 de June de 2011 00:02

La audiencia del coronel Tapia se aplazó; faltaron los testigos

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Los gritos retumbaron en el auditorio del Palacio de Justicia de Quito cuando el presidente del Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, Renato Vásquez, suspendió la audiencia de juzgamiento del coronel Rolando Tapia y de sus cinco de sus compañeros de la Escolta Legislativa.

Por casi ocho meses, ellos han esperado este momento. Pero la diligencia fue declarada fallida porque no llegaron testigos, quienes pedidos por la Fiscalía. “Este día se iba a probar mi inocencia”, reclamaba el coronel Tapia, quien no vestía un uniforme policial sino con un terno gris.

Tapia y sus compañeros Marco Tibán (hermano de la asambleísta Lourdes Tibán, de Pachakutik), Francisco Noboa , Patricio Simancas, Mario Flores y Carlos Tasinchana son acusados de la supuesta toma del Palacio Legislativo durante la revuelta del 30-S.

Supuestamente, ese día, los policías impidieron el ingreso de los asambleístas de Alianza País a sus oficinas. Ellos, en su intento de superar a los uniformados fueron atacados. Por ejemplo, Pedro De la Cruz y Marisol Peñafiel denunciaron que fueron golpeados y recibieron ataques con gases lacrimógenos y pimienta.

Este recuerdo aún está fresco en los dos legisladores oficialistas, quienes también reclamaron a los jueces por la suspensión de la importante audiencia. Las acusaciones cruzaron de lado a lado.

Irina Cabezas, quien fungía como presidenta de la Asamblea durante el 30 de septiembre, sostuvo que la ley ordena a que la Escolta Legislativa debe estar a órdenes del titular del Parlamento, “pero ese día se desobedeció”.

Marisol Peñafiel, también de Alianza País, sostuvo que el 30 de septiembre sus vidas corrieron peligro. Ella intentó entrar a la sede legislativa subiendo las rejas que protegen el perímetro, pero ese momento fue agredida con gases lacrimógenos, por eso tuvo que se atendida de urgencia en el policlínico de la Asamblea.

Para los gendarmes implicados la acusación en su contra es una represalia del Gobierno. Víctor Hugo Cevallos, abogado del coronel Tapia, dijo que no hay argumentos para enjuiciarlos por atentado a la seguridad del Estado. “La sesión de la Asamblea no fue suspendida por los policías, sino por la legisladora Cabezas”. El abogado también se unió a la confrontación remedando al presidente Rafael Correa hizo al ademán de arrancarse la corbata, mientras decía: “mátenme, mátenmen... Pobre patán de barrio”.

Los ataques fueron más violentos. Lourdes Tibán acusó al asambleísta De la Cruz de ser “vendido”. “Eres un indio vendido, peor que el (Rafael) Correa”.

En el Palacio de Justicia, familiares de los gendarmes implicados también acudieron a la audiencia para demostrar su descontento. Con carteles y consignas alertaban de una presunta persecución a sus allegados. “Mentirosos, mentirosos”, decía.

En las últimas semanas, los medios públicos y los incautados a los hermanos Isaías han transmitido programas especiales sobre el 30 de septiembre. Uno fue el documental Muchedumbre que difundió EcuadorTv y otro en el programa Contrapunto de Gamatv, dirigido por Carlos Ochoa, y en el que estuvo invitado el ministro del Interior, José Serrano.

Un nuevo intento de la audiencia se cumplirá el próximo lunes. Para eso, la Fiscalía pidió al juez Vásquez que se respalde en la Fuerza Pública para garantizar la comparecencia de los testigos.

Cómo están los otros juicios por el 30-S

El proceso penal por supuesta incitación a la rebelión que se siguió al mayor retirado del Ejército, Fidel Araujo, subió a la Corte Provincial de Pichincha. En esa dependencia se decidirá sobre el rechazo que presentó la Fiscalía a la sentencia que liberó a Araujo de los cargos en su contra.

El juicio contra el coronel César Carrión y otros cuatros policías también está en la Corte de Quito. Ellos también fueron absueltos de las acusaciones en su contra; pero la Fiscalía decidió apelar esa resolución.

La investigación por los daños que sufrió las instalaciones de EcuadorTV aún no llega a las cortes. En el expediente son investigadas nueve personas, todas ellas civiles.

La toma de la base área de Quito tampoco supera la etapa de investigación fiscal. Este expediente investiga a los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que impidieron las operaciones del sitio, especialmente del Hangar Presidencial, hasta la tarde del 30 de septiembre.

La muerte del policía Froilán Jiménez es otro de los casos que no llega a las cortes. En este proceso penal aún no se supera la etapa de indagación fiscal, que es el primer paso de un proceso penal y que puede durar dos años.

El juicio por la rebelión de los policías también está en indagación. Sobre este supuesto delito la Policía ha abierto más de 1 000 expedientes administrativos, pero ninguno ha sido resuelto.


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