A las 11:00 el abogado defensor de los cuatro veedores que vigilaron la cancelación de contratos entre el Estado y Fabricio Correa, Ramiro Román, llegó hasta el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha. A esa hora, estaba prevista la audiencia de sustentación de dictamen en la cual la jueza Ana Cristina Guerrón debía decidir si llama o no a juicio a los cuatro ciudadanos. Sin embargo, la diligencia se aplazó.
El motivo es que el fiscal Estuardo Flores solicitó un diferimiento debido a una calamidad doméstica. Con esta, son tres ocasiones en las que se ha aplazado esta audiencia. En esta la próxima cita será el martes 11 a las 08:30.
Román fue claro es señalar que los ex veedores ciudadanos no recusarán a sus responsabilidades y que espera que la Fiscalía demuestre que Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Higo Hidalgo cometieron perjurio.
En febrero del 2011 los ex veedores llegaron a tres conclusiones. Primero, que el presidente Rafael Correa sí conocía de los presuntos contratos que mantuvo el Estado con su hermano Fabricio. Segundo, que hubo ilegalidades y favoritismos en la adjudicación de estos. Y, tercero, que los montos de los contratos ascendieron a USD 657 millones, con un perjuicio de USD 140 millones.