Con 89 votos del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados, el Pleno de la Asamblea aprobó este viernes 9 de diciembre del 2022 una resolución con la que se ratificó en la censura y destitución de cuatro de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
El oficialismo votó en contra, mientras parte de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) se abstuvieron.
El tema fue llevado a debate con un pedido de cambiar el orden del día del Pleno, que fue presentado por el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres. Esto, dos días después de que un fallo judicial anuló el juicio político que terminó con la censura y destitución de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
La resolución aprobada por los 89 asambleístas, incluido el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind), implica que no acatarán la sentencia. “Se rechaza la ilegítima y contraria a la Constitución medida cautelar devenida en acción de protección que carece de toda eficacia jurídica y que, por ende, es inexistente”, señaló Torres.
Saquicela insistió en que el proceso de juicio político en contra de cuatro consejeros del CPCCS fue legal y constitucional. “Rechazamos que se pongan de acuerdo entre dos, tres o más sectores para manosear la justicia y encontrar un juez que haga lo que se ha hecho, ilógico, injurídico e inconstitucional”, añadió.
Sin embargo, el oficialismo y asambleístas de Pachakutik como Ricardo Vanegas señalaron que las sentencias de los jueces deben ser acatadas.
En la resolución se exigió a la Fiscalía que investigue la supuesta usurpación de funciones de los cuatro consejeros. Además, dispuso un proceso de control político a la Judicatura por las actuaciones del juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón la Concordia, Ángel Lindao, quien emitió el fallo.
Lindao ordenó al Parlamento que ofrezca disculpas públicas a los consejeros. En respuesta, la mayoría legislativa dispuso la colocación de una placa en esta institución “con la cual se rechace la intromisión de la Función Judicial en las decisiones y facultades constitucionales exclusivas de la Función Legislativa”.
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