10 de September de 2012 23:59

Apertura a empresarios en año electoral

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El gobierno de Rafael Correa quiere evitar que el empresariado sea un nuevo frente de tensión política, a puertas de las elecciones.

En vísperas de una campaña que luce más competitiva que en el 2009, el Régimen se ha acercado nuevamente e este sector.

A diferencia de los últimos cinco años, en que la voz empresarial no era prioritaria en la agenda política, esta vez el Gobierno fomenta “el diálogo” público-privado .

Ese acercamiento comenzó a inicios de agosto, cuando un grupo de alto nivel de las cámaras visitó el Palacio, donde expresaron sus preocupaciones y propuestas.

De ahí que la reunión de hace dos semanas que Correa sostuvo en Quito con más de 200 empresarios fue el resultado de esos contactos, traducidos en acuerdos tributarios, laborales y comerciales. Esa cita se dio después de casi tres años del último encuentro, a fines de 2009, en Guayaquil.

Aunque estos últimos compromisos del Gobierno todavía no se han cristalizado, la tensión política con el empresariado se redujo.

Las palabras de Roberto Aspiazu, director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, lo evidencian. “No podemos vivir anclados en el pasado”. Él reconoce que la relación con el Gobierno no ha sido buena en los años de gestión de Correa.

Prueba de ello -dice- es que la interlocución ha sido “tibia” en la agenda político-ideológica planteada por el oficialismo.

Pese a ello, el representante del Comité Empresarial afirma que, tras las últimas reuniones, hay voluntad de las partes para avanzar en la construcción de una agenda económica público-privada.

En este marco, uno de los puntos que más interesa a las cámaras es que se destraben las negociaciones con la Unión Europea (UE). De ahí que esperan que el Presidente efectivamente concrete su diálogo de alto nivel con las autoridades europeas, que debía darse entre ayer y hoy en Bélgica, pero que por cuestiones de agenda no se pudo concretar.

Según Pablo Dávalos, ex viceministro de Economía, el discurso más conciliador que ahora pronuncian las cámaras prueba que el diálogo impulsado por el Ejecutivo tenía un afán electoral.

“Hay un ambiente de crispación social por diferentes causas, como la injerencia del Gobierno en el Consejo Electoral, el aumento de impuesto a la salida de capitales”. Por eso, señala que el Gobierno busca “atenuar” el ruido político-electoral que pueden generar los empresarios.

El Gobierno Nacional ya ha sido objeto de cuestionamientos desde sectores económicos. El último fue en julio, cuando Blasco Peñaherrera Solah, de la Federación Nacional de Cámaras, criticó el convenio comercial con Irán, que supuestamente abre la puerta a operaciones financieras ilícitas con ese país.

El tema llegó a la Asamblea, donde asambleístas de oposición como Betty Amores y Paco Moncayo se apersonaron del caso.

Diálogos antes de comicios

El Gobierno ha convocado a los sectores empresariales del país estando cerca de las coyunturas electorales. La primera reunión fue en febrero del 2007, cuando el oficialismo impulsaba la consulta para instalar la Constituyente de Montecristi. Y la segunda fue enero del 2009, a tres meses de las elecciones en que el presidente Correa fue ratificado en el cargo, sin que se haya logrado consolidar una agenda sólida.

Con estos antecedentes, César Monge, ex titular de la Cámara Nacional de Acuacultura, que participó en esas citas, duda que el Gobierno esté dispuesto a sostener sus ofrecimientos más allá de la coyuntura electoral. “El Presidente se acuerda de reactivar y prometer algo que en seis años no ha cumplido: los acuerdos comerciales con EE.UU. y Europa”.

Sus palabras se refieren a que, en la práctica, el Gobierno no ha tenido la voluntad de destrabar esas negociaciones con los principales socios comerciales.

Bernardo Acosta, académico y ex vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, coincide con la lectura de que el Gobierno ha tenido un manejo “ambivalente” del tema comercial. “El Gobierno so se define y no es claro”. Un ejemplo de ello han sido los permanentes cortocircuitos entre la Cancillería y el Ministerio de la Producción, que han enrarecido las negociaciones con el bloque europeo.

En ese marco, Acosta desea pensar que los diálogos de agosto con los empresarios sean una señal de “recapacitación, pero tampoco hay que ignorar que estamos a puertas de elecciones”.

No obstante, esa postura no es compartida por Francisco Rivadeneira, viceministro de Comercio Exterior de la Cancillería, que ha sostenido que el Gobierno sí tiene una política comercial definida, así como voluntad de potenciar y diversificar sus mercados.

Las medidas oficiales, a favor y en contra

El Código  de la Producción es el emblema del Régimen para incentivar al sector privado del país. Ya va un año y medio en vigencia. Uno de los principales aspectos es la disminución de un punto porcentual cada año del Impuesto a la Renta si las empresas invierten en producción limpia y generan fuentes de empleo.    

La creación   del Banco del Afiliado (Biess), y su  inicio de operaciones en noviembre del 2010, dinamizó el sector de la construcción en el país, uno de los pilares para la creación de fuentes de empleo y para el repunte del Producto Interno Bruto en los últimos años.     

La Ley   de Fomento Ambiental, en vigencia desde este año, incorpora algunos beneficios para las empresas que velen por el medioambiente, especialmente en varios sectores como el bananero.  

La aprobación   de la Ley del Poder del Control de Mercado, a mediados de este año, en teoría, fomentará  la competencia entre  empresas.   

 La política   tributaria ha sido fuertemente criticada por el sector privado. La aplicación de un Anticipo del Impuesto a la Renta desde el año pasado y el incremento progresivo del Impuesto a la Salida de Divisas (hoy en el 5%) presiona la liquidez de las compañías ecuatorianas.  

La política comercial , desde distintas aristas, también ha impactado al sector privado. Primero, la falta de acuerdos con los principales socios comerciales el país (EE.UU. y Europa) y luego la limitación a las importaciones de productos de alto consumo, como autos y celulares.   

Las reformas   al Código laboral dejaron sin piso la tercerización. Además, se determinó una nueva fórmula para calcular el salario básico. Eso, según las empresas, encareció los costos de producción.  

El control    sobre los accionistas y los negocios vinculados con medios de comunicación y banca restó  incentivos para invertir en estas áreas.

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