13 de June de 2011 00:01

El análisis de las impugnaciones en concurso para Fiscal genera dudas

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Hasta la medianoche de hoy, los ciudadanos podrán presentar, ante la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal General, sus impugnaciones a los 10 candidatos que aspiran al cargo.

Mañana, empezará el análisis de esos recursos, para determinar si se los admite a trámite o si son archivados. Hasta el momento hay 9 impugnaciones, con su documentación de respaldo.

Seis son contra el actual fiscal Distrital de Guayas y Galápagos, Antonio Gagliardo; dos contra el embajador en España, Galo Chiriboga; y una contra Elsa Moreno, funcionaria de la Fiscalía.

Esta etapa es crucial dentro del proceso de designación de la autoridad, ya que si la Comisión comprueba una impugnación, el candidato incluso puede ser descalificado del concurso.

Ante esta sensible tarea, los ciudadanos que han cuestionado a los aspirantes a Fiscal esperan que el trabajo de los miembros de la Comisión de la Selección sea transparente. Los constantes cuestionamientos realizados a su labor, durante la etapa de calificación, todavía genera temores.

“Tengo dudas sobre la actuación de la Comisión por la falta de autonomía e independencia, ya que han actuado de forma antiética”, asegura Fernando Villavicencio, quien presentó una impugnación con ocho denuncias en contra del candidato Galo Chiriboga. Para sustentar sus cuestionamientos se basa en que esa Comisión no tomó en cuenta que los certificados suscritos por el Marco Navas, secretario de la Asociación Americana de Juristas , a favor de Galo Chiriboga, no tenían fecha ni lugar de emisión, requisitos innegociables.

A esto se suma que los certificados presentados por la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, a favor del mismo candidato, no estuvieron suscritos por le representante legal de la organización, sino por la secretaria técnica, Anaité Vargas.

En este marco, Villavicencio sostiene que, junto con el asambleísta José Jiménez (Pachakutik), presentaron una impugnación con documentos originales . Por eso dice que si el recurso es archivado “la participación ciudadana será una farsa”.

El asambleísta Jiménez centra sus dudas en la comisionada Marianela Navas, representante de la Función Ejecutiva en esa Comisión. Él ha solicitado públicamente que ella se inhiba de conocer su impugnación contra Galo Chiriboga. Entre otras razones, dice, porque el presidente Rafael Correa ya expresó su apoyo a Chiriboga y ella también fue secretaria del candidato cuando fue Ministro del Trabajo.

Pero Marianela Navas defiende la transparencia del proceso y aduce que desde el inicio “todos hemos actuado de manera correcta, con la presencia de veedores y sesiones a puertas abiertas”.

Ante las acusaciones, afirma que no hay ningún conflicto de intereses. “Ninguna autoridad me ha presionado, estoy actuando de manera independiente”.

Pero los cuestionamientos a la labor de esta Comisión no vienen solo desde afuera. Casa dentro, miembros del Consejo de Participación, como David Rosero, también tiene sus reparos. “Me quedan dudas sobre la transparencia y proceder de los 10 miembros de la Comisión por eso he solicitado la cesación de sus funciones”, dice el consejero.

Rosero recuerda que el 15 de abril los miembros de la Comisión no respetaron el instructivo del concurso, al desechar un informe del equipo técnico que establecía otras calificaciones a los candidatos al cargo. “Espero que en esta etapa, ante las delicadas denuncias, se corrijan los errores anteriores y se garantice la transparencia del proceso”.

También cuestiona la ventilación pública de las preferencias del Primer Mandatario por Chiriboga, ya que las considera un tipo de presión ala Comisión.

No obstante, el presidente de la polémica Comisión, Ulbio Guadalupe, dice que las impugnaciones serán analizadas de manera objetiva y que las resoluciones serán debidamente sustentadas.

“No hemos recibido presiones de ningún tipo y las preferencias de altos funcionarios no incidirán en el proceso”, dijo.

El trabajo que le espera a la Comisión de Selección no es fácil. Hay impugnaciones como la de Carmen Herrera en contra de Gagliardo, que contienen 1 630 hojas. O la de Jiménez y Villavicencio en contra de Chiriboga, que tienen 1 660 páginas. Las nueve impugnaciones deben resolverse en cinco días.

La legisladora María Paula Romo, quien presentó dos impugnaciones contra Antonio Gagliardo y Elsa Moreno, exige que los documentos probatorios sean analizados con rigurosidad. “La presión y los ojos de la opinión pública están encima de ellos”.

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