9 de March de 2011 00:00

La amnistía a Floresmilo Villalta aumenta la polémica en la Corte Constitucional

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El juicio de Floresmilo Villalta se convirtió en otro lío en el trabajo de la Corte Constitucional. Seis de sus nueve integrantes ratificaron la amnistía que favoreció al implicado, aunque estaba acusado de la violación de una niña.

Esa decisión originó que la Fiscalía abriera una indagación penal contra los magistrados. Según el fiscal de la Nación, Washington Pesántez, los jueces son indagados por presunto prevaricato, porque realizaron una mala interpretación de las normas, al aceptar la amnistía de Villalta, quien fuera acusado de un delito común.

El juicio contra Villalta empezó en el 2005 y un año después él fue condenado por el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha a 16 años de prisión por considerarlo autor de la violación.

Villalta fue recluido en el ex penal García Moreno para que cumpliera esa condena; pero la Asamblea de Montecristi cambió el futuro de ese proceso penal.

La Constituyente, a través del Mandato 4, emitido el 14 de marzo del 2008, dictó la amnistía denominada “Derechos humanos criminalizados”. Esta figura tenía el objetivo de perdonar los juicios de los perseguidos por delitos políticos, por la defensa de los recursos naturales y el ambiente. Uno de esos beneficiados fue Villalta.

La decisión que tomaron los constituyentes, de una mayoría de Alianza País, fue rechazada. Organizaciones de defensa de la mujer cuestionaron la amnistía, porque el sospechoso era acusado de violación a una menor.

Incluso, el ex ministro de Justicia y actual secretario del Presidente de la República, Gustavo Jalkh, aseguró que la amnistía no procede en el juicio por el delito de abuso sexual. Eso lo dijo en un informe que emitió al Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha, que negó la libertad de Villalta.

Sin embargo, el acusado no se rindió y llevó su caso a la Corte Constitucional. Al final, ese organismo dispuso su liberación.

Los jueces que tomaron esa decisión fueron: Patricio Pazmiño; presidente de la Corte y quien presentó el proyecto de resolución; Édgar Zárate; Patricio Herrera; Hernando Morales y los jueces suplentes: Luis Jaramillo y Fabián Sancho. Todos ellos fueron llamados a declarar por la Fiscalía General del Estado.

Pesántez asegura que el proceso de investigación avanza. No obstante, aclara que el camino para enjuiciarlos no es fácil.

La Constitución del 2008 dio una coraza a los jueces constitucionales. Una ventaja es que un juicio penal en su contra debe contar con la aprobación de la mayoría absoluta de los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Es decir, que si Pesántez quiere acusarlos deberá contar obligatoriamente con el voto de 12 de los 21 miembros de la Corte Nacional. “Si hay méritos para emitir una instrucción, lucharé para obtener el apoyo”, sostuvo el Fiscal.

Además, los miembros de la Corte Constitucional no pueden ser llevados a juicio político y cualquier medida de depuración debe salir de su voluntad y contar con el apoyo de la mayoría.

La defensa de la menor que supuestamente fue agredida también alista una acusación contra los jueces. Paulina Araujo, abogada de la chica, dijo que demandará a la Corte Constitucional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Caso Cervecería: Raza será investigado

La investigación por la supuesta red de sobornos en la Corte Constitucional salpica a Stalin Raza. La Fiscalía decidió indagar su relación con Alfredo Larrea, ex abogado de la Cervecería Nacional y uno de los protagonistas del presunto caso de corrupción.

En el 2009, Raza y Larrea compraron una oficina ubicada en el edificio Monasterio Plaza, en las avenidas Eloy Alfaro y 6 de Diciembre, en el norte de Quito. El inmueble fue adquirido en USD91000. Esa cifra fue cancelada al contado, según se encuentra registrado en la escritura oficializada en el Notaría Cuarta de la capital.

Justamente, el modo de pago fue lo que llamó la atención de los investigadores. Para el 2009, Raza era asesor de la Corte Constitucional y como funcionario público debía haber puesto ese patrimonio en su declaración de bienes. Además, debía haber justificado que contaba con la cantidad de dinero para invertir en ese bien.

En esa compra también participaron las esposas de Raza y Larrea: Yolanda Marcillo y Sylvia Haro. Esta última firmó uno de los escritos que presentó la Cervecería Nacional a la Corte Constitucional, en el litigio que enfrentaba con un grupo de sus ex trabajadores.

La relación entre Raza y Larrea se remonta varios años atrás. En julio del 2007, ambos fueron contratados como asesores del entonces Tribunal Constitucional y trabajaban con el presidente Patricio Pazmiño.

Larrea estuvo dos meses en la Corte Constitucional, de julio a agosto del 2007, y se retiró -aseguró Pazmiño- para dar paso a que su hermano Arturo Larrea se posesionara como secretario. Este fue destituido de su cargo el jueves de la semana pasada.

Raza estuvo en la Corte Constitucional hasta mediados del 2010. Luego de eso fue enviado a la Embajada de Ecuador en Buenos Aires, con el cargo de Primer Secretario. “Al asumir ese puesto también tuvo que declarar ese bien”, dijo un fiscal.

Además, ayer se informó que las cuentas bancarias de Alfredo Larrea fueron congeladas hasta que se termine con la investigación en su contra. Supuestamente recibió más de un millón dólares por su trabajo en el caso de la Cervecería.

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