Alianza País terminó con casi la mitad de sus firmas invalidadas. Si bien las 826 812 rúbricas que fueron aceptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) le permiten mantener su vida jurídica, en términos de porcentaje el movimiento oficialista registra un 46,11% de firmas no validadas.
Es decir, una cifra superior en proporción a las que les invalidaron al MPD (26%) y al PRE (39%).
Estos datos atizaron la crítica de los sectores de oposición, quienes aseguran que el único factor que marca la diferencia entre el oficialismo y las demás fuerzas políticas es la cantidad de firmas que recolectaron. En palabras de Gilmar Gutiérrez (PSP), Ciro Guzmán (MPD) y Juan Carlos Solines (Concertación) el oficialismo cometió las mismas supuestas faltas que los otros partidos, pero la vida jurídica del movimiento de Rafael Correa está garantizada por un factor de volumen.
El CNE, en su deseo por aclarar el aparente escándalo de las afiliaciones fraudulentas, ha señalado que quienes no lleguen a completar, hasta el 24 de septiembre, 157 000 adhesiones, no podrán participar en los comicios del 2013. Es decir, que la sanción va únicamente por la cantidad de las rúbricas existente y no por el porcentaje de firmas defectuosas.
La molestia contra el organismo electoral y la actuación del oficialismo volvió ayer. Diego Borja, ex aliado de Rafael Correa, se pregunta con qué argumento jurídico el Consejo Electoral acogió el pedido de Alianza País de que en el conteo final se excluyera un total de 302 134 firmas. De ellas unas 275 000, según la lista 35, pertenecían a Poder Ciudadano. En un inicio, el canciller Ricardo Patiño dijo que estas eran defectuosas, aunque ayer atribuyó esa afirmación a un error en el comunicado oficial de su Ministerio.
Alianza País, en el análisis de sus cifras, también descuenta unas 200 000 rúbricas adicionales que el CNE descalificó el fin de semana por presentar varias inconsistencias (ver tabla).
De esta forma, el universo sobre el cual se deberían interpretar las cifras es de 1 007 179 rúbricas, de las cuales el CNE les aceptó 826 812. Según declaraciones de Fander Falconí, secretario (e) de Alianza País, citadas por el portal El Ciudadano, sus firmas válidas equivalen “al 89%”.
Dentro del análisis total que hizo el CNE, al oficialismo se le encontraron unas 74 000 firmas adicionales, que al no tener forma de ser comparadas están en el aire. La manera cómo Alianza País interpreta sus cifras y la forma como el CNE ha procesado sus rúbricas inquieta a la oposición, que cree que todo este operativo de revisión, que además ha costado unos USD 6 millones según los datos oficiales, lo que busca es “beneficiar al partido del Gobierno como una sola fuerza vigente en el país”. Esta es la opinión de Juan Carlos Solines, a quien le sorprende la rapidez con la que el CNE hizo su revisión a este movimiento. El proceso duró menos de 48 horas, el mismo tiempo que, por ejemplo, le tomó al organismo revisar las firmas del PRE, que eran siete veces menor.
El titular del CNE, Domingo Paredes, dijo que para la revisión de A. País se pudo solucionar un problema de “de estática: demasiada carga eléctrica en el ambiente”. “Se colocaron alfombras de caucho y el sistema fluyó”.
Para el informático Enrique Mafla esta justificación es “absurda”. “La estática, lo que afecta, es a los circuitos electrónicos, pero no a un sistema informático”.
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Marcha contra el CNE, este 14
Los líderes de la Coordinadora por la Unidad de las Izquierdas adelantaron la fecha de la convocatoria a la Marcha por la defensa de la democracia y contra el fraude electoral. La concentración será el viernes 14, a las 10:00, en el parque El Arbolito, en Quito. Desde ahí caminarán al Consejo Nacional Electoral (CNE). Dicen que ya no confían en el ente y exigen a sus autoridades renunciar. También irán a la Fiscalía.
Alberto Acosta (Montecristi Vive), candidato a la Presidencia; Gustavo Larrea (Participación); y Rafael Antuni (Pachakutik) anunciaron una minga para recoger firmas. Estos días emprenderán otro recorrido por el país. Irán por Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y
Pichincha. Larrea criticó la intención de “ilegalizar a organizaciones políticas que existen legítimamente. Eso atenta contra el derecho a participar en la vida política, a elegir y ser elegidos”, dijo.
Por otro lado, Mauricio Rodas (SUMA) entregó a funcionarios de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), en Washington, el documento físico de la solicitud de medidas cautelares a nombre de nueve fuerzas políticas; consideran que hay un riesgo inminente para los derechos de participación.