3 de January de 2011 00:00

Alianza País afronta la mayoría de revocatorias

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¿Las revocatorias de mandato se han convertido en un arma de los grupos opositores en contra de Alianza País? Esta pregunta cobra sentido al comparar dos cifras.

El movimiento oficialista, según los resultados de las elecciones de abril del 2009, captó el 32,8% de las 221 alcaldías a nivel nacional. Sin embargo, de las 71 solicitudes de revocatorias del mandato presentadas hasta el 17 de diciembre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), 30 (el 42%) están dirigidas a los dignatarios de A.País.

Es decir, un 10% más con relación a la proporción inicial con la cual el oficialismo se repartió el poder municipal en los comicios del 2009.

El acecho que, al parecer, comienza a sentir el oficialismo desde el poder local demuestra también que la alta popularidad con la que el Jefe de Estado cerró el 2010 (71% según Informe Confidencial y 53% según Cedatos), no resulta endosable.

Para el analista político Sebastián Mantilla esta comparación de cifras no refleja ninguna contradicción: “Siempre se ha manejado la política local separada de las figuras nacionales como la del Presidente de la República”. Esto se debe a que muchas autoridades locales acuden a los partidos o movimientos políticos como plataformas para llegar al poder y luego toman distancia”.

Es decir, que los conflictos políticos que se han traducido en esta ola de pedidos revocatorios obedece más bien a lógicas internas del poder local.

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) y alcalde de Cuenca, Paúl Granda cree que “se está usando este recurso constitucional en función de la revancha y persecución. Esto corresponde a la vieja forma de hacer política”, advierte.

Granda está vinculado al oficialismo y también afronta un proceso de revocatoria. Por eso cree que “una autoridad, al poder solucionar todos los problemas en uno o dos años. Eso es demagogia”. Estas declaraciones fueron realizadas en referencia a los argumentos que da el peticionario de ese trámite, Juan Campoverde, miembro de la Veeduría Ciudadana de Cuenca.

Según él, Granda no han cumplido con los ofrecimientos más importantes de campaña: construir 5 000 viviendas y un tranvía.

La Veeduría de Cuenca cuentan con 20 000 firmas (necesita 35 000) para darle fuerza al proceso. Desde esta semana, 12 personas a tiempo completo avanzarán en la recolección de firmas, puerta a puerta, en esa ciudad.

El alcalde de Puyo, Segundo Germán Flores, está en la mira de Oldemar Vargas Moya, un opositos que insiste en que “no se han solucionado el problema del agua potable y otros proyectos que presentó en campaña”.

Flores no encuentra fundamento en esa petición y dice tener el apoyo de la Federación de Barrios de Puyo.

Mantilla dice que esta ola de revocatorias se debe, más que a una estrategia de la oposición a “que varias de las autoridades que asumieron los cargos son nuevas y estuvieron esperando la aprobación del Código Territorial para empezar a impulsar sus obras”. Según Mantilla, después de casi dos años de mandato ya comienza a palparse el descontento ciudadano. Es por ello que la AME busca detener este proceso, a través de la Corte Constitucional y mejorar la reglamentación.

Tres alcaldes creen que los enemigos tienen una arma

Exon Alvarado (PSP), alcalde de Santa Lucía, es una de las autoridades a quienes se piensa revocar el mandato. Asegura derecho a la defensa. Exige que así como a él le pidieron requisitos para candidatizarse, a quienes quieren quitarle el cargo les soliciten las pruebas necesarias.

Alvarado está convencido de que se trata de una estrategia de la oposición. “Todos los días me llegan mensajes de apoyo, es más en este instante le muestro un mensaje de las personas que dicen que están consientes de todo , que saben que estamos haciendo las obras y que estamos trabajando”. También afirma que no puede aceptar una revocatoria mal dada, mal hecha.

Por su parte, Dalton Narváez, alcalde de Durán (UDC), señala que no todas las revocatorias son válidas. Sin embargo considera que estas violentan los derechos. Según dice, el proceso debe ser realizado de forma transparente. Ahora él como otras autoridades apelan. “Nos hemos acogido a la resistencia”.

Narváez cree que las revocatorias deben reglamentarse puesto que anteriormente en la Ley Orgánica Municipal existía la posibilidad de retirar el mandato, pero con causales.

Máximo Betancourth Valarezo, alcalde de Naranjito, cree que “cualquier enemigo político, un perdedor la puede pedir, pero no son así de fáciles las cosas. La mayoría de solicitudes fueron presentadas por la gente que perdió en las urnas, aprovechan el vacío constitucional”.

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