6 de January de 2011 00:00

En agosto llegó el segundo informe

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¿Qué pasó con el segundo examen especial que la Contraloría General del Estado elaboró sobre las operaciones administrativas y financieras de la Asamblea de Montecristi, entre el 29 de noviembre del 2007 y el 21 de octubre del 2008?

Todas las evidencias documentales y testimoniales, a las que este Diario ha tenido acceso, apuntan a un solo lugar: las dependencias de la Asamblea Nacional.

Ese informe (DA10011-2009) fue aprobado por el Contralor el 20 de julio del 2009, y fue elaborado por el equipo liderado por el auditor Manuel Tapia.

El examen, revelado por este Diario hace dos semanas, establece una serie de anomalías, que incluyen la adulteración de documentos para la adjudicación de contratos, el pago excesivo de servicios, entre otros.

Anteriormente, el asambleísta Andrés Páez hizo pública una primera auditoría que la Contraloría realizó al proceso de contratación y pago de honorarios y remuneraciones de asesores y asistentes de los ex asambleístas.

El 23 de julio del 2008, ese reporte fue enviado al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien luego de un mes lo remitió a la Fiscalía, en vista de que se establecían indicios de responsabilidad penal en esos contratos.

El domingo pasado, el presidente Cordero aseguró que él no conocía ni había recibido este segundo examen. No obstante, este Diario pudo confirmar que el 5 de agosto ese informe fue entregado en la Asamblea a Mauro Collahuazo Román, asesor administrativo de la gestión documental.

El registro de la entrega está sellado con su nombre en un documento de la Contraloría, donde se incluye el destinatario (Presidente de la Asamblea) y el número del oficio (14951). Este documento, fechado el 4 de agosto del 2009 (ver facsímil), está dirigido a Cordero por el Director de Auditoría 1, en representación del contralor Carlos Pólit.

“Para su conocimiento, le remito un ejemplar del informe DA1-0011-2009, aprobado el 20 de julio, del examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Asamblea(...)”. Al examen de 24 páginas se agregaron varios memorandos y anexos. En varios de esos documentos se establecen “responsabilidades administrativas y civiles culposas” por los contratos en la Unidad de Comunicación, por la entrega de pasajes sin justificativos, por el uso indebido de celulares, entre otros. Y se detallan los “sujetos de responsabilidad”, principalmente a Francisco Torres (Director Administrativo), Orlando Pérez (Director de Comunicación) y Arturo Arízaga (Jefe de Logística)... Además, se sugieren sanciones económicas, que van desde los USD 2 400 a los 3 700 para los ex funcionarios.

Las dos auditorías enviadas a la Presidencia de la Asamblea se amparan en el convenio de cooperación institucional firmado el 5 de junio del 2008, entre Alberto Acosta, entonces presidente de la Asamblea Constituyente, y Carlos Pólit, el contralor.

El documento fue consignado para salvar las atribuciones de la Constituyente, establecidas en el artículo 2 del primer mandato que establecía: “Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación, por parte de alguno de los poderes constituidos”.

En vista de que esta atribución podría prestarse a abusos en el manejo de los recursos, Acosta pidió la auditoría. Según pudo conocer este Diario, la decisión del entonces Presidente tuvo un antecedente: por esos días circulaban en la Asamblea persistentes rumores sobre anomalías en los contratos, lo que también fue conocido por la Contraloría.

El Convenio delimitaba la entrega de los informes de la Contraloría, exclusivamente a la Presidencia de la Asamblea, “para su trámite pertinente y difusión pública”, lo cual en la práctica nunca se cumplió.

En la bancada de País es evidente la preocupación por el manejo errático de este tema en la Asamblea. Fuentes de esa bancada dijeron que el caso podría abordarse en una reunión que estaba prevista para ayer en la noche, a propósito del debate de varias leyes.

La cronología

5/06/08

En esta fecha se firmó un convenio entre la Contraloría del Estado y la Asamblea Nacional para la realización de una auditoría a la contratación de personal y operaciones administrativas.

16/07/08

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, solicitó al Contralor que realizara una acción de control, que comprenda el proceso administrativo y Financiero del organismo.

23/07/08

El Contralor aprobó el Informe a la contratación y pago de honorarios y remuneraciones de asesores de ex asambleístas y lo envió a Fernando Cordero, quien lo remitió a la Fiscalía.

29/07/08

En este día se emitió la Orden de Trabajo para que se efectúe el Examen a las Operaciones Administrativas y Financieras de la Asamblea Nacional, que había sido pedido por Fernando Cordero.

4/08/09

El Director de Auditoría de la Contraloría General del Estado remite al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras.

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