Un total de 17 organizaciones de carácter nacional de pueblos indígenas, montubias y afroecuatorianas llegaron hasta el salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Era la última etapa de la consulta prelegislativa sobre la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
Han pasado seis años desde la redacción de la Constitución y que imponía esta ley considerada estratégica y que afecta a derechos colectivos. Su propósito no solo es conservar las fuentes de agua, sino también que se garantice su reproducción. El encuentro de ayer fue para conocer la síntesis de las 22 audiencias provinciales.
Cinco son los puntos fundamentales de esta ley: tradiciones ancestrales, lugares rituales y sagrados; gestión y manejo ancestral; uso, usufructo y administración; derecho propio o consuetudinario, y participación y representación en los organismos oficiales.
El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, Miguel Carvajal, destacó que es una superación a la vigente desde 1972, pero que no incluye temas ambientales o la participación de las colectividades.
Los participantes coincidieron en que es necesaria la ley, pero también que se debe lograr que el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua sea parte de la Autoridad Única del Agua.
Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión, sostiene que hay un acuerdo en la participación, pero hay un problema: definir el ‘cómo’. “El agua es un recurso estratégico y, por lo tanto, el Estado debe regularla”, dijo.
La Comisión analizará las propuestas y las incorporaría para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea.