6 de July de 2011 00:01

Acusados del 30-S, atemorizados por los fallos de Santiago Coba

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Los dos últimos fallos del juez Santiago Coba profundizan la incertidumbre en el Consejo Nacional de la Judicatura, así como en el proceso en contra de los implicados en los hechos del 30-S, a los que el Gobierno tacha de golpistas.

En un primer andarivel está la destitución de Benjamín Cevallos de su cargo de titular del Consejo Nacional de la Judicatura, quien ayer anunció que impugnará la decisión. Las críticas al fallo de Coba residen en que, aparentemente, contradice un fallo del 5 de mayo del 2011 de la Corte Constitucional.

En su sentencia 76-10-SET-CC, la máxima corte del país dejó sentado que ningún juez puede destituir a un funcionario por no acatar una sentencia de medidas cautelares, como sería el caso por el cual Coba destituyó a Cevallos. Ese dictamen se dio en respuesta a una acción de protección planteada por un funcionario que había sido destituido por no cumplir un fallo judicial.

En mayo, la Corte dejó sin efecto la providencia de destitución. Luego restituyó al funcionario y pidió a la Judicatura que sancionara al juez. Además señaló que la CC es la única instancia competente para un proceso de destitución.

De ahí que ayer Benjamín Cevallos señalase que lo actuado por el juez Coba carece de valor jurídico. Lo dijo en la mañana, al ingresar a la sede de la Judicatura en Quito. Ya sin escoltas y vistiendo ropa casual, agregó que su destitución no cumplió el debido proceso y no le dejaron opción para ejercer su derecho a la defensa.

Tras esta bocanada de oxígeno, Cevallos advirtió ayer que “solo encargó” la dirección de la Judicatura al vocal Herman Jaramillo, vicepresidente del organismo.

Para el constitucionalista Rafael Oyarte, la posición de Cevallos tiene sustento en la resolución de la CC, que genera jurisprudencia en esta materia. Por eso dice que el funcionario tiene la opción de impugnar ante esa Corte, aunque está seguro que la resolución llegará cuando ya esté en funciones la Judicatura de Transición, por mandato de la consulta popular.

Los procesos por el 30-S

En un segundo andarivel está el futuro de los implicados en los hechos del 30-S. Ellos denuncian una presunta interferencia del Gobierno en la Justicia para lograr su condena.

Sus temores se deben al segundo fallo del juez Coba. Esa providencia dejó sin efecto la suspensión a los jueces del Tribunal II de Garantías, que declararon culpable al coronel Rolando Tapia y a otros cinco miembros de la Escolta Legislativa. Así, quedó en firme la sentencia condenatoria a ese grupo de uniformados.

Ayer, la defensa de cuatro de los seis miembros de la Escolta presentaron recursos de nulidad y apelación para frenar el caso. En esos documentos enfatizaron que el Tribunal II de Garantías Penales estuvo conformado de manera ilegal, como lo determinó el ex titular de la Judicatura.

Víctor Hugo Cevallos, abogado de Tapia, dijo que el fallo de Coba está reñido con las leyes y calificó como una “herejía” la destitución de Cevallos. En ese punto, exteriorizó su preocupación por la supuesta injerencia política del Gobierno sobre ciertos jueces, para acelerar una condena por el 30-S.

De forma similar se pronunciaron la asambleísta Lourdes Tibán y Carlos Poveda, abogado defensor de Marco Tibán, que también era parte de la Escolta Legislativa.

Para la legisladora, los últimos fallos de Santiago Coba ponen en evidencia que el proceso está politizado en beneficio de las tesis gubernamentales.

Sostuvo que su hermano tiene que ser juzgado legalmente y anticipó que investigará las actuaciones al juez Coba, al que lo involucra con el Régimen.

La misma inquietud ronda por las cabezas del mayor (r) Fidel Araujo (PSP) y de la defensa del coronel César Carrión, dos de los principales implicados, por parte del Régimen, en la sublevación policial. Ambos coinciden en que hay presión de Carondelet para sentenciarlos, aunque tienen una preocupación adicional: la próxima instalación del Consejo de la Judicatura transitorio, en el que tiene mayoría el Régimen.

A su criterio, ese órgano nombrará jueces que posiblemente resolverán sus casos en la recta final. De ahí que piensan que es posible que sigan la línea del presidente Rafael Correa, quien la semana pasada se alegró por la sentencia contra Tapia y el sábado criticó a Benjamín Cevallos por haber suspendido a dos jueces del Tribunal Segundo.

“Vendrán jueces con camisetas verdes a emitir un fallo (condenatorio)”. Así lo anticipa Stalin López, abogado del coronel Carrión, a quien le preocupa que los jueces revoquen el fallo absolutorio de primera instancia. El caso Carrión está en fase de apelación y su audiencia de juzgamiento en la Corte de Pichincha será el próximo 15 de agosto.

Araujo es más cauto para no generalizar. Insiste en que es posible que a futuro ciertos jueces designados por la Judicatura transitoria resuelvan su caso bajo direccionamientos de la Casa de Gobierno. Su caso también está en etapa de apelación y su audiencia en la Corte de Pichincha está fijado para el 13 de julio.

El Ejecutivo rechaza que presione a la Justicia y niega participación alguna en los fallos de Coba. Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, dijo que se enteró de la destitución del titular de la Judicatura por la prensa.

Entrevista
Santiago Coba Rodríguez / Juez Vigésimo Primero de Garantías Penales de Pichincha
'Yo no actué entre gallos y medianoche'

¿Está consciente que con sus resoluciones ganó la postura del Gobierno en el caso 30-S?

Eso no es verdad.

El Régimen buscaba sancionar a Tapia y siempre criticó a B. Cevallos.

La resolución que tomé para destituir a Benjamín Cevallos fue por una medida cautelar presentada el 16 de junio, en la cual Juan Pablo Hernández solicitó su restitución. Por dos acciones le solicité a Cevallos que cumpla la resolución; no lo hizo, por eso lo destituí.

Sí, pero el viernes Ud. reintegró a los jueces Vázquez y Manosalvas, quienes sentenciaron a Tapia.

No tienen nada que ver los dos hechos. La primera medida cautelar fue del 16 de junio y la otra se presentó el 30 de julio.

¿Recibió presiones políticas?

No. Yo actué apegado a derecho, sin ningún tipo de presiones.

Está consciente de que sus decisiones pueden ser interpretadas como las de un juez que favorece al Gobierno con sus fallos.

Fue cuestión de tiempos. No es que lo hice entre gallos y medianoche. Resolví en derecho.

Benjamín Cevallos dice que usted no siguió el debido proceso para destituirlo.

Tengo la resolución en la que me solicitó la revocatoria de esa acción... Tiene todo el derecho para seguir las acciones que considere. Estoy tranquilo.

¿Ahora usted está en el ojo del huracán?

Sabiendo que me pasaba esto talvez no tomaba esa decisión, no lo sé... Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer.

Pese a que se lo señale como cercano al Gobierno.

Uno como juez no escoge los casos que quiere seguir, pero cuando se tocan intereses se complica. Nosotros cumplimos horarios y los casos que nos llegan debemos tramitarlos. Uno debe hacerse responsable de sus actos y lo voy hacer.

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