14 de July de 2010 00:00

El Estado aclara a la OEA la situación de los medios

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Redacción Política

La agenda que cumple la misión ecuatoriana en la Comisión Interamericana de DD.HH. es ajetreada. Hasta hoy, el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, y de los representantes de la Asamblea y de la Procuraduría del Estado tienen previsto reunirse con las máximas autoridades de la Comisión y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del organismo. “Es una obligación nuestra entregar a los miembros de la Comisión elementos de juicio para que desvirtúen la afirmación de que se vive en una dictadura y que la Corte Constitucional rompió el Estado de Derecho”, dijo Pazmiño, antes de viajar a Washington, donde se encuentra la sede de la Comisión. Pazmiño hizo referencia a la participación que tuvo el director de Fundamedios, César Ricaurte, en una audiencia de la Comisión Interamericana realizada en marzo último. Fundamedios, mediante un boletín de prensa, aclaró ayer que durante esa participación no se presentó ninguna denuncia en contra del Estado ecuatoriano y que tampoco se dijo que se “vivía un estado dictatorial”. En la diligencia, Ricaurte, junto con Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, expusieron “la vulneración a la libertad de expresión de 35 ciudadanos cuyos derechos habían sido afectados aplicando normas de nuestro Código Penal como desacato, injuria, incitación al separatismo, alteración del orden público”. También hablaron del incremento de las agresiones a la prensa. Según un estudio de ese organismo, desde julio del 2008 hasta marzo del 2010 (fecha de la audiencia) fueron reportadas 153 agresiones a medios y a periodistas. Adicionalmente, se explicó sobre el clima de tensión que existe entre las autoridades de Gobierno y los medios de información.En representación del Estado fue Rafael Balda, quien trabaja en la Presidencia. El funcionario habló sobre la elaboración de la ley de medios en la Asamblea Nacional y sostuvo que en su redacción se están respetando los derechos, establecidos en los tratados internacionales. También explicó que el Gobierno prepara una reforma legal para despenalizar los delitos de opinión. Además, le agradó la propuesta que presentó Dinah Shelton, funcionaria de la Comisión Interamericana, para que el proyecto de Ley de Comunicación sea enviado en consulta al organismo regional.

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