Esta mañana el Colegio de Abogados del Guayas (CAG) envió una solicitud de medidas provisionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede está en Washington, Estados Unidos.
La medida surge porque el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) aprobó un Reglamento de Conducta que incluye sanciones a los abogados en libre ejercicio. Juan Vizueta, presidente (e) del gremio, expresó que con el articulado se prevé sancionar por hasta seis meses de inhabilitación a los que den declaraciones a los medios de comunicación sobre procesos judiciales en curso.
Con la petición a la CIDH, el CAG espera que se suspenda la vigencia del reglamento. “No se nos puede coartar el derecho a expresarnos. Su objetivo es que no se conozcan procesos de corrupción de la administración de justicia”, dijo Vizueta.
Pedro Granja, secretario de la Federación de Abogados del Ecuador, expresó que el reglamento afecta a 55 000 abogados en libre ejercicio a nivel nacional. Agregó que el articulado no es necesario porque “los abogados ya estamos sujetos a una sanción penal y civil si nuestro cliente se considera estafado”, expresó Granja.
La solicitud presentada a la CIDH es en contra del Estado ecuatoriano. A las 14:00, los directivos del CAG entregarán al asambleísta de Izquierda Democrática, Andrés Páez, el petitorio. En un boletín de prensa, el legislador expresó que estaba “comprometido a impulsar el trámite de la denuncia ante la CIDH”.