Hace falta una mezcla de profunda ignorancia con desfachatado fascismo para concebir una reforma legal como la que se cocina en Venezuela para regular, desde el Estado, lo que la gente publica en Internet.
Se necesita no saber un pepino de lo que pasa en el mundo para pensar que se puede poner horarios a la publicación de determinado material en la Red. Ignorancia sin límites para pensar que una aberración como esta es aplicable en un territorio donde el poder de los ciudadanos es casi igual, o incluso mayor, que aquel que tienen los Estados. Basta ver lo que es el mundo luego de lo que sucede con Wikileaks.
Indigna pensar que haya gente que pretenda una vida con la existencia de un ojo inquisidor que se cuele hasta en las redes sociales. O que establezca que los proveedores de Internet sean responsables de lo que se publique en la Red.
Se necesita practicar un abominable fascismo para redactar cosas como que “el Estado creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet en Venezuela con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en Venezuela, con el objeto de utilizar de manera más eficiente las redes”.
Lo que más miedo produce es saber que la diferencia entre quienes piensan así y aquellos que quieren imponer regulaciones a los medios de comunicación no digitales es mínima.