24 de December de 2012 00:01

A. País protege sus centrales con orden judicial

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Una medida cautelar protege todas las centrales del movimiento oficialista Alianza País. La Unidad Judicial Primera de Contravenciones de Guayaquil concedió el recurso de protección a la organización, luego de que el Cabildo Porteño clausurara una sede oficialista en el norte de la ciudad.

La madrugada del 8 de diciembre pasado la central ubicada en Sauces VIII amaneció con el sello municipal de clausura. La sede solo estuvo 15 días en funcionamiento. Según el Cabildo guayaquileño, la decisión se tomó porque se había transgredido una ordenanza municipal.

La noche de su inauguración, el 23 de noviembre pasado, un ‘banner’ de color verde con el logo del movimiento País fue colgado en la planta alta del edificio blanco. Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Municipio, dijo que fue clausurada porque “no cuenta con permisos para ser una central política y tampoco para poner el letrero que ha puesto”. En esa edificación funciona un restaurante.

Según Narváez, se debía retirar el cartel y sacar un permiso de uso de suelo ante el Cabildo Porteño. Sin embargo, el asambleísta Juan Carlos Cassinelli, que buscará su reelección en los comicios de febrero del 2013, descarta que la central necesite la autorización municipal para funcionar.

Por ello, la directora provincial de Alianza País y ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, ingresó el pedido de medidas cautelares en la Corte de Justicia provincial. El 17 de diciembre pasado, la Unidad Judicial lo aceptó.

En su dictamen, la dependencia judicial dispuso que se revoque la clausura de la central. Además, suspendió cualquier procedimiento judicial que las Comisarías Municipales pretendan iniciar para “cerrar, clausurar o sancionar establecimientos de centrales políticas del movimiento político Alianza País”.

Según la sentencia, la medida legal protege el derecho reconocido en el artículo 66 numeral 13 de la Constitución. En esa norma se establece el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.

Sin tomar en cuenta la acción judicial, el Municipio de Guayaquil inició el jueves pasado un plan para controlar la propaganda electoral antes de que se inicie la campaña proselitista. El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó entre el 4 de enero próximo hasta el 14 de febrero el plazo para la promoción de los candidatos a las distintas dignidades.

Narváez también lideró el operativo del jueves pasado. Obreros del Cabildo repintaron los exteriores de la Iglesia la Concordia, ubicada en la ciudadela Atarazana (norte de la urbe). Según el Cabildo, miembros del oficialismo habían colocado propaganda en las paredes exteriores del área comunal.

Además, repintaron de gris los parterres, veredas y gradas que habían sido teñidas de verde. Otro punto intervenido fueron los bajos del primer puente de la Perimetral, a la altura de la Isla Trinitaria, donde también había campaña del movimiento oficialista.

La normativa de propaganda electoral en la ciudad porteña solo permite colocar o instalar publicidad “fácilmente removible y de buena presentación y de calidad” en postes o propiedades particulares con previa autorización del dueño. Está prohibida su instalación en las áreas de regeneración urbana.

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