9 de November de 2011 00:02

A. Páez: El Gobierno busca politizar el servicio público

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El asambleísta Andrés Páez (ID) denunció, ayer, que “el Gobierno quiere politizar el servicio público y hacer de él un feudo de militantes pagados por todos los ecuatorianos, para servir a los intereses de (Rafael) Correa, no del Estado”.

Anticipó también que se avecina un proceso, que se ha iniciado ya, de despidos masivos e indiscriminados en el sector público.

Él asegura que la figura de la renuncia obligatoria no existe en ninguna legislación del mundo, porque la renuncia es siempre un acto voluntario. Páez es experto en derecho de trabajo, graduado en la Universidad de Sevilla, España, y especialista en relaciones laborales de la Universidad de Bologna, Italia.

El legislador se refiere a lo ocurrido el 28 de octubre, cuando el Gobierno aplicó el Decreto Ejecutivo 813, de julio. Así compró la ‘renuncia obligatoria’ de 2 700 empleados públicos.

Antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) se suprimía una partida de modo definitivo, para liberarle al Estado de pagar aportes al IESS y futuras jubilaciones, sueldos y sobresueldos, según Páez. Con la nueva Ley, en el Registro Oficial desde octubre del 2010, hay otra posibilidad.

El artículo 60 dice que la supresión de puestos implica la eliminación de la partida respectiva y la prohibición de crearla nuevamente, durante dos años, salvo casos debidamente justificados, previo informe de la Unidad de Talento Humano.

“Suprimen la partida a las 09:00; a las 10:00 está el informe de Recursos Humanos y a las 11:00, otras personas ocuparán esos puestos, según la ley. ¿Con qué dinero se pagarán las indemnizaciones? Con el dinero de todos, acaso es dinero de Correa, o lo ha sacado del bolsillo de (Ricardo) Patiño. ¿Cómo se le puede convertir al Estado en un megaindemnizador?”.

Páez advirtió que los contratos ocasionales de varios colaboradores de Gobierno terminan en diciembre de este año y necesitan partidas presupuestarias para convertirlos en trabajadores permanentes del Estado. Pero ligados al partido de Gobierno.

El oficialista Carlos Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, no da crédito a Páez. “No se puede esperar otra cosa de un legislador de oposición”, señala. Y, defiende la aplicación del Decreto 813.

Él asegura que para llenar los espacios dejados por servidores cesados se convocará a concurso de méritos y oposición. Repite que el Gobierno recogió inquietudes ciudadanas y de opositores que decían que las instituciones públicas no funcionan, que hay inoperancia e ineficiencia.

Páez dice que solo el 19% de 175 000 empleados contratados en los casi cinco años de Gobierno lo han hecho a través de concurso de merecimientos y oposición, como ordena el art. 228 de la Constitución. Se basa en notas de prensa publicadas.

La Pro forma

El Ministro de Finanzas debe explicar qué hará con  USD 1   000 millones de incremento, en el rubro salarios del sector público, de la Pro forma presupuestaria del 2012, dijo  Andrés Páez (ID). “Haciendo cuentas no solo es para incrementar sueldos”.   

Según Páez, los 230 empleados del Consejo de Participación Ciudadana ingresaron al ente sin un concurso. “Y la meritocracia, en dónde quedó”, dijo.


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