6 de July de 2011 00:02

30-s: cerrarlo, no enterrarlo

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La emocionalidad no suele ser la mejor consejera cuando se trata de asuntos de Estado. El Gobierno debiera admitir que no está manejando de un modo pragmático las secuelas del 30-S. Y por eso confunde el pedido de cerrar lo más pronto posible este capítulo con el pedido de que se vuelva amnésico.

Al Ejecutivo le asiste todo el derecho de haber abierto una investigación para probar su teoría de que hubo un intento de golpe. Pero, una vez que han transcurrido nueve meses, no solo tenía la obligación de aportar las pruebas sobre los móviles y los autores intelectuales de la denunciada conspiración, como lo anunció hace más de medio año, sino que tiene la obligación de pacificar internamente a la Policía, pieza clave en la lucha contra la inseguridad.

El capítulo sobre la sanción del ex jefe de la Escolta Legislativa y otros cinco policías, que terminó con la destitución del Presidente del Consejo de la Judicatura por parte de un juez de Flagrancia, deja sumido al sistema judicial en una gran confusión producto de una evidente politización, que no hace sino afectar más la credibilidad del sistema. Y eso no le hace bien a nadie, empezando por el Gobierno.

No se trata, entonces, de enterrar el 30-S, o de no revivirlo. Se trata de cerrarlo en un plazo prudencial y no mantener una herida abierta que, aparentemente, produce réditos, pero en realidad no hace sino socavar la confianza y mantener la polarización.

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