‘Argumentando razones de sigilo, ayer, la Superintendencia de Bancos se negó a divulgar el texto de la Resolución adoptada por la Junta Bancaria…
Lo que acaban de leer pudo haber sido redactado el viernes. Claro, luego de que se supo que el superintendente de Bancos, Pedro Solines, cobijado por su camarada Fernando Cordero, se negó a entregar a un asambleísta el informe sobre las transacciones de Cofiec, en el que se esclarecería si hubo o no irregularidades en el manejo de ese banco, incluido en el fideicomiso manejado por el primo segundo del presidente Rafael Correa.
Pero no, la frase con la que arranca esta columna fue publicada en marzo de 1999 -por un diario quiteño- cuando comenzaba a derrumbarse el sistema financiero.
Si bien es cierto eso de que cualquier parecido puede ser coincidencia, lo cierto es que en ese entonces, como ahora, el argumento del sigilo bancario fue utilizado con exactamente el mismo fin: ocultar.
Esta vez el perverso argumento, de Solines y Cordero, es que la información sobre Cofiec no puede ser entregada a un asambleísta porque el sigilo bancario está por encima del derecho de un legislador a informarse.
Esto no solo es falso, porque la Ley sí establece que esa información puede ser entregada -si hay una investigación en curso- a un asambleísta, sino por el elemental principio de decencia política, que dice que cuando se trata de información de una institución pública, como Cofiec, lo que prevalece es el interés común.
De 1999 a 2012: la misma mermelada con otras moscas.