6 de June de 2011 00:03

16 grupos piden un consejo más ciudadano

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La nueva redacción de la Ley de Comunicación preocupa a 16 organizaciones sociales y a 12 catedráticos. Todos firmaron un comunicado para participar activamente en la construcción de la polémica norma que se encuentra en la Asamblea.

Entre las organizaciones se encuentran: la Agencia Latinoamericana de Información, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Ciespal, la Coordinadora de Radios Populares, la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación, la Asociación de Comunicadores Cristianos...

Para estos grupos es necesario que se establezcan las facultades y composición del Consejo de Comunicación, previsto en la norma. En su carta sostienen que la mayoría de los integrantes del Consejo debiera tener representantes de la ciudadanía y de la academia, “no vinculados a las funciones del Estado y elegidos por su competencia y méritos”.

Sin embargo, no se cierran a la posibilidad de que existan representantes del Ejecutivo y de la Asamblea. Su argumento es que el Consejo tendrá que tratar la distribución del espectro radioeléctrico y para esa tarea se necesitan delegados de los dos poderes.

Sostienen que la regulación de los medios de comunicación tendrá que ser para medios públicos, privados y comunitarios. Además, que deberá pensarse de una manera integral, “como un sistema que comprenda el Consejo, la autorregulación de cada medio con mecanismos transparentes, los observatorios ciudadanos y una Defensoría del Público”.

Otro de los pedidos de estas agrupaciones es que la distribución del espectro radioeléctrico sea equitativa. La propuesta que emiten es de 33% para medios privados, 33 para los comunitarios y 33 para públicos.

Asimismo, piden que el Estado garantice, a través de políticas públicas, el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación (Internet, telefonía celular, etc.). Por eso, piden que los costos de estos servicios sean preferenciales para los sectores vulnerables.

Las organizaciones acordaron mantener reuniones con los asambleístas para participar en el debate de la ley de medios, que empezará desde esta semana.

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