Una norma del 25 de septiembre de 1830, que suprimía el estanco de aguardientes y establecía una patente para los productores.
Ese es uno de los 159 decretos que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado propuso borrar a través de la Ley Derogatoria número 2, para la depuración de la normativa legal.
Según los integrantes de la mesa, esas normas, que forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia. Las razones: en unos casos por el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley, o por la finalidad que se propuso alcanzar al momento de su expedición. También porque los presupuestos establecidos en ellas se han recogido en otras leyes.
El 12 de enero de este año, el Ejecutivo envió al Presidente de la Asamblea el proyecto de Ley de Depuración de la Normativa Legal, que comprendía unas 700 normas caducas. Pero la Comisión, con la aprobación del Consejo de Administración Legislativa, lo aprueba en partes.
El primer paquete contenía 107 cuerpos obsoletos, los que la Asamblea derogó en mayo.
Esta propuesta, presentada para primer debate, plantea derogar leyes, decretos legislativos y supremos y codificaciones relacionadas con la destilación de aguardiente, impuestos a la venta de alcohol, sal y cigarrillos, para el financiamiento de obras públicas, entre otras cosas.