El Gobierno conmemoró la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922, en medio de una ola de críticas al despido masivo de más de 2 700 empleados del sector público.
En Guayaquil, ayer se montaron marchas y discursos para reivindicar un hecho histórico en la lucha obrera del Ecuador, hace 89 años. Mientras que en dos sitios se escenificó lo que viven hoy los trabajadores públicos.
El presidente Rafael Correa firmó un “acuerdo ético y político” con la Confederación de Trabajadores del Sector Público (Cntspe) que dijo respaldar el proceso de reforma. En el otro extremo, 141 dirigentes sindicales se organizaron para defender sus puestos.
Uber Delgado, vicepresidente del Cntspe, dijo que uno de los puntos era “apoyar el proceso de reforma del sector público”.
Durante su discurso, Correa defendió la legalidad de la compra de las renuncias obligadas. “Han sido decisiones duras, pero que se debían tomar si queremos mejorar el servicio”, dijo en el Coliseo Abel Jiménez , sur de Guayaquil. Recordó que los despidos le costaron al Estado casi USD 90 millones por indemnizaciones.
Además, hizo alusión a la masacre obrera de 1922 en Guayaquil. “Los mártires están en cada avance de la revolución ciudadana”. Luego recordó que en su régimen se eliminó la tercerización. Trabajadores de varios sectores aplaudían al escuchar los vivas por el 15 de noviembre y la ‘revolución ciudadana’. El Ministerio Coordinador de la Política informó que la audiencia presente representaba a unos 60 000 trabajadores públicos.
El historiador Carlos Calderón Chico no cree que el Régimen se apropie de las fechas históricas. “Es un Gobierno democrático con una visión crítica del pasado, que hace bien en dar la connotación de estas fechas. Que no haga como Sixto y Dahik, neoliberales y de derecha, que suspendieron las celebraciones de los 100 años de la Revolución Liberal”.
Al mismo tiempo y en otro punto de la ciudad, dirigentes gremiales de seis sectores conformaban una agrupación para luchar contra la ola de despidos masivos.
La Unión Sindical Única del Sector Público del Ecuador quedó conformada tras elegir a los 13 miembros del Consejo de Dirección Colectiva. La cita se desarrolló en la sede del Comité de Empresas de Trabajadores Eléctricos de Guayaquil. “Ahora ya estamos unidos (…) en contra de todas las acciones del Gobierno que limitan los derechos como la reclamación, contratación colectiva. Esto impulsa la lucha popular, porque estamos frente a una política antilaboral”, dijo Alberto Narváez, del sector médico. Los 141 representantes y delegados de 36 organizaciones firmaron la Declaración de Guayaquil, para legalizar la conformación del nuevo gremio. Se reunirán en 15 días.
Un homenaje a los obreros
El Archivo Histórico del Guayas recibió ayer el documento histórico del proceso penal contra los trabajadores del 15 de noviembre de 1922. Los manuscritos los rescató la entonces magistrada Ketty Romo Leroux a finales de los 80, de las bodegas de la Corte de Justicia de Guayaquil. A raíz de la masacre la “oligarquía de la época” inició un proceso por los saqueos a negocios locales.
El proceso llegó a etapa sumarial y se archivó dijo Romo Leroux. Recordó que guardó los documentos en su casa por temor a que la “ola Febrescorderista los haga desaparecer”. Ella e Isabel Herrería Herrería, quien observó la masacre desde la ventana de su casa, publicaron un libro, del que ayer se lanzó la segunda edición.
Según el historiador Carlos Calderón Chico los trabajadores saquearon los comercios para buscar armas y defenderse del ataque que recibieron del grupo comandado por el coronel Enrique Barriga en 1922. Recordó que hay documentos históricos que deben reeditarse con una visión crítica para que el país conozca la historia, ya que la oligarquía quiso desconocer la masacre.