19 de August de 2010 00:00

Los 13 puntos flacos de la ley de medios

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Redacción Política

La fuerzas políticas contrarias a Alianza País en la Asamblea no han descansado durante la primera semana de receso legislativo.

La oposición prepara una serie de acciones para el nuevo período de trabajo que empezará en septiembre. Una de ellas es delinear una estrategia sobre el debate y aprobación de la polémica Ley de Comunicación.

César Montúfar (Alianza Libertad) asegura que no caerán en la trampa que fue la Ley de Educación Superior. Para esta ley, Alianza País incluyó cambios propuestos por la oposición, pero un día después de que fuera aprobada, el presidente Rafael Correa anunció que revisará esos cambios.

“Estamos trabajando y pensamos que debemos crear un acuerdo legislativo para enfrentar el veto del Presidente”.

Montúfar no cree en el anuncio del presidente de la Comisión de Comunicación, Mauro Andino, de que habrá apertura para revisar la ley. La versión de Andino apareció luego de que la Human Rigths Watch y la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtieran de los peligros y las violaciones a las normas internacionales del proyecto legal.

La OEA detectó 13 falencias en el informe que preparó la Comisión. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión envió una misiva, de 17 páginas, al presidente de la Asamblea Fernando Cordero, para demostrarle los puntos flacos de la propuesta.

Los principales temas denunciados son sobre la protección a la información y opinión, la profesionalización obligatoria en Comunicación Social para periodistas, el Consejo de Comunicación, el régimen de obligaciones, sanciones, entre otros (ver breves).

Para la ex presidenta de la Comisión de Comunicación, Betty Carrillo (Alianza País), no hay que sobredimensionar las observaciones que realizaron la OEA y la Human Rights Watch al proyecto de Ley de Comunicación. “Las personas que realizan esos estudios no conocen nuestra idiosincrasia, sus reportes los hacen desde lejos y bajo su óptica”.

La legisladora gobiernista aclaró ayer que ella no solicitó la intervención de la OEA y de la ONU. Ambos organismos internacionales hicieron duras críticas al primer informe de la ley en diciembre del año pasado. “El presidente Cordero públicamente anunció que se debería contar con el pronunciamiento, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Para Carrillo, el proyecto debe ser socialibilizado para que la ciudadanía conozca las ventajas y detecte las falencias del proyecto. Ella asegura que empezó con esa tarea, aunque esté de vacaciones.

10 de las críticas que hace la OEA

Este organismo ha dado seguimiento a los dos informes

El Estado deberá garantizar la información y la opinión, como lo establece el derecho internacional.

La OEA explica que la difusión de opinión también debe ser protegida. En el proyecto de ley no se hace referencia a este derecho, sino solo a la información mediática.

No se pueden crear cargos para el exclusivo desempeño de personas con título en Comunicación Social.

La Corte Interamericana de DD.HH. declaró que no se puede exigir la colegiatura obligatoria, porque viola el derecho de expresarse a través de un medio de comunicación.

El Consejo de Comunicación debe ser libre de la injerencia de sectores políticos y comerciales.

La OEA dice que la entidad que se intenta crear debe ser independiente, pues la facultad de que tendría para sancionar a medios pudiera acarrear una violación de derechos.

El régimen de obligaciones para los medios que se propone establecer es ambiguo y generalizado.

En el informe se explica que los asambleístas no tomaron en cuenta los tipos de medios: grandes, pequeños, alternativos y que quieren imponer un mismo sistema para todos.

El derecho de rectificación y réplica pudiera atentar contra la libertad de expresión y de prensa.

El estudio sostiene que el derecho a la réplica o rectificación es para informaciones falsa y agraviante, pero en el proyecto se pretende ampliar para juicios de opinión y críticas.

La notificación previa de una investigación periodística viola la Convención Interamericana de DD.HH.

La OEA dice que la consulta a la parte involucrada es elemental en el periodismo, pero que pudiera ser utilizado, por ejemplo por el Estado, para regular a la prensa.

La buena prática profesional en el caso de los medios de prensa no puede ser supervisada por el Estado.

El apego a los códigos de ética o la distinción entre lo que es información u opinión son casos de buena prática, pero la supervisión del Estado la podría convertir en autocensura.

La cláusula de conciencia es un derecho para los periodistas, pero hay vacíos en el proyecto legal.

Un periodista podrá aplicar la cláusula cuando un medio cambia de línea editorial. Para la OEA esta modificación también está contemplada en el derecho al pluralismo.

El derecho a mantener la reserva de la fuente también corre riesgo con un artículo del proyecto.

La observación es al 102, que impone sanciones para el medio que omita la procedencia de una noticia o comentario. Según la OEA, este artículo atenta a la reserva de la fuente.

No hay reglas claras para la obligación de transmitir mensajes y cadenas de las autoridades públicas.

El informe detecta varios vacíos. Por ejemplo, que no identifica los supuestos que facultan a la difusión de una cadena y la lista de autoridades beneficiadas es excesiva.

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